REVISTA R

Héctor Díaz-Santana es un académico que ahora tiene el papel de policía. Por eso, como titular de la Fepade, quiere echar mano de su experiencia como observador electoral y pide que los ciudadanos se conviertan en los ojos y oídos de la autoridad.

 

Dado el contexto de su nombramiento, ¿no le parece que llega en desventaja?

No llego en desventaja. Al contrario: llego a una institución que tiene 24 años de experiencia en el ámbito de la justicia penal electoral. Pero, sí, dentro de la trilogía electoral, que integra junto con el INE y el Tribunal, la Fepade tiene una de las labores más complicadas.

 

¿Por qué?

Porque la fiscalía electoral ni es árbitro de la competencia política, ni sanciona a los partidos políticos. Nuestra función es involucrarnos cuando individuos traten de impedir que las personas voten en total libertad. Es decir, sancionamos a las personas.

 

Pero nunca vemos candidatos en la cárcel por comprar el voto o, de plano, robarse una elección.

La Fepade ha recibido en su historia más de 20 mil denuncias y hay más sentencias condenatorias de lo que la gente sabe.  Prácticamente el 83 por ciento de las denuncias que recibe están relacionadas con “turismo electoral”, que es cuando una persona se registra en un domicilio de otra entidad, para votar por los candidatos que ahí compiten. También por alterar la credencial de elector. En esa materia tenemos un alto nivel de sanciones, pero hay otra ruta que es mucho más complicada, como la compra y coacción del voto.

 

¿Por qué es complicado si es tan evidente?

Porque muchas veces son delitos que no dejan huella y son delitos en los que, en un momento dado, las partes entran en un proceso de complicidad. Por eso es tan importante trabajar en políticas.

 

¿Los delitos electorales se dan por complicidad de la sociedad?

Más que complicidad, creo que se dan por la ignorancia de ciertos sectores marginales. Tenemos una sociedad con un alto nivel de marginalidad y de pobreza extrema, y cuando una persona llega y les ofrece 300, 400 pesos por su voto, entran en esta operación perversa. ¿Cuál es el problema? Que el voto no tiene para ese sector social una verdadera magnitud de lo que representa.

¿A qué se refiere?

Elegir a nuestros gobernantes es un derecho fundamentalísimo, pero muchas veces no lo aprecian. ¿Por qué? Porque no hemos vivido en un estado donde tengamos vulnerados totalmente los derechos democráticos. He participado en 12 o 13 procesos electorales en América Latina; he visto personas en Venezuela que llegaron a votar a las seis de la mañana, eran las 10 de la noche ¡y todavía no votaban! pero no se salían de fila. Porque sabían que votando era la única forma de salir de la crisis institucional en la que vivían.

 

¿No valoramos el voto?

No podemos generalizar, pero sí hay sectores sociales donde no le dan el verdadero valor que tiene.

 

¿No será que, por la misma precariedad, el voto se vuelve un bien para la venta?

En cierto sector social se considera un bien de intercambio. En algunos estudios que hicimos, cuando le preguntábamos a las personas por qué vendían su voto, respondían: “¿Y por qué no lo voy a vender? ¡Es mío!”. Lo ven como una mercancía de intercambio, pero no ven que están hipotecando su derecho a reclamarle a un mal gobierno.

 

¿Se sacó el tigre de la rifa, fiscal?

Muchos dicen que me saqué el tigre, otros dicen el dragón tigre y otros que un tiburón tigre… Jajaja. A ver, tenemos que aplicar la ley, el mejor referente es aplicar la ley, actuar con eficacia y trabajar mucho en procesos de construcción ciudadana. Si el ciudadano no se deja intimidar, si no se deja comprar el voto, no va a haber problemas. Los ciudadanos también tienen que ser partícipes de dar mejores condiciones a lo que es una fiesta democrática en otros países.

 

¿No le pide mucho a una sociedad más bien apática?

La sociedad tiene que apropiarse de la elección, pero bajo una connotación muy clara de los parámetros democráticos, con madurez y un voto reflexionado.

 

¿Es usted el policía de la elección?

Más que policía, es una institución que trabaja en un cuerpo colegiado de observación electoral. Esta fiscalía requiere del ciudadano. No se denuncia porque se tiene miedo, porque no se cree en las instituciones, porque piensan que no sirve de nada, que va a perder tiempo… Tenemos que cambiar eso.

 

 ¿No tendría que ganarse usted esa confianza?

Por supuesto que sí. Tenemos que ganarnos la confianza, tenemos que darle respuesta rápida a esa inquietud social.

 

¿En qué ha fallado la Fepade para ganarse la confianza?

No es que la institución haya fallado. Pero se ha metido en controversias electorales y, en ese sentido, tiene que ser mucho más discreta. La responsabilidad de la institución es hacer su trabajo. La Fepade no es para entrar en polémicas.

 

En su ensayo de postulación afirmó que la fiscalía no debe ser parte de la disputa por el poder. Entonces, ¿no debe ser protagonista?

Por supuesto que no tiene que ser protagonista. La Fepade tiene que estar cercana al ciudadano, que sienta que lo respalda, pero no tiene que ser una institución que genere estridencias en el proceso electoral.

 

Dígame tres cosas a las que debería estar atenta la gente de aquí al día de la elección.

Primero, uso del dinero público en campañas electorales. Segundo, los programas sociales son derechos universales, su finalidad es construir capital humano, cuando un programa social se desvía para otra actividad, se genera mayor pobreza y mayor marginalidad social. Entonces, que recuerden que el goce de los programas sociales es un derecho, no es un favor. Y, tercero, estar atentos a si alguien busca coaccionar o comprar el voto. Es importante que nos ayude a evitar caer en un posible perverso que
genere condiciones antidemocráticas.

 

¿Quién gana con el desprestigio de las autoridades electorales?

Más bien perdemos todos. Las autoridades electorales deben ser un mecanismo de confianza institucional y no de estridencia pública.

 

¿Usted será un fiscal carnal?

Por supuesto que no.

 

¿Cómo lo va a garantizar?

Aplicando la ley.

 

Usted insiste en darle responsabilidad al ciudadano, ¿estamos listos para eso?

Tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Es hora de los ciudadanos. Tienen que tener mayores responsabilidades y una mayor exigencia pública.

 

¿Qué papel tuvo usted en el Pemexgate realmente?

Es una mentira. El expediente se inició en 2001, la investigación de Fepade data de principios de 2002 y las primeras resoluciones se dieron en 2004. Yo llegué aquí a fines de 2004, fui coordinador de asesores unos meses y después me fui a la Dirección de Política Criminal. Ni siquiera fue en mi tiempo. No existe ningún elemento jurídico que me vincule.

 

¿Qué hace cuando no anda persiguiendo mapaches electorales?

Me gusta leer, me gusta la música. No toco ningún instrumento, canto muy mal. Y tengo una pequeña afición que es rodar en moto.

 

¿Qué le da la motocicleta?

Me da sentido de libertad. En la moto estás contigo mismo. Me gusta salir a la carretera, vas viendo el paisaje, vas meditando, vas pensando, pero al mismo tiempo tienes que ir con mucha precaución por cualquier imprevisto. La moto siempre tiene un sentido de riesgo, pero con la madurez y con la edad el tema es disfrutar un paseo.

Entonces, ¿andar en moto es como ser fiscal?

Jajaja. Así es, tienes que saber cuándo acelerar y también cuándo frenar, pero sobre todo tienes que ser muy precavido.

 

¿A qué le suena la palabra Odebrecht?

A un suceso del que la ciudadanía quiere respuestas.

 

CINCO DATOS

1. Fue el primero en inscribirse como aspirante a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para poder irse a su luna de miel.

2. Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2001.

3. Trabajó en Fepade de 2004 a 2009 y, después, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

4. Es consultor electoral de diversas instituciones, entre ellas el Centro Carter.

5. Ha sido observador electoral en 11 países.

Escrito por Miguel de la Vega / Agencia Reforma

Reportero de Agencia Reforma


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