ESTADOS

Rastrean contratos de dependencias del Gobierno con falsas empresas.

 

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presentó casi 100 solicitudes de información para saber si alguna de las 5 mil 815 empresas fantasma detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha firmado contratos con el Gobierno.

 

En entrevista, Jacqueline Peschard, presidenta del Comité y del propio SNA, indicó que necesitan conocer esta información ante la sospecha de que pudieron haberse cometido actos de corrupción.

 

“Si esto se conoce, si se sabe quiénes son las entidades públicas que, por malas intenciones o por descuido o lo que sea, contratan con estas empresas, bueno, pues la idea es que esto ya no suceda; es decir, eso es lo que nosotros estamos buscando, una promoción preventiva”, indicó la comisionada.

 

Los pasados 30 y 31 de octubre, y el 2 de noviembre, el CPC formuló 99 solicitudes de información vía Ley de Transparencia, 36 de ellas dirigidas al sector de transportes y comunicaciones; 37 al de salud; 12 al de desarrollo social y 14 al energético. El SAT dio a conocer en el Diario Oficial un listado de las empresas que determinó que expidieron facturas sin contar con los activos, personal e infraestructura para soportar dichas emisiones, lo que comúnmente se conoce como empresas fantasma.

 

Con base en esa lista, el Comité de Participación Ciudadana, que es el componente ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pidió a las dependencias y entidades informen sobre si hicieron contratos con ellas.

 

“Lo que queremos es saber cuáles son las entidades públicas que tienen contratados, servicios o cualquier tipo de contrato con estas empresas y entonces hemos empezado por algunas entidades como Sedesol, como Pemex, como la Secretaría de Salud, que es donde nosotros creemos que hay más volúmenes de contratación”, enfatizó Peschard. De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú- blica, las entidades requeridas cuentan con 20 días hábiles para entregar lo solicitado.

 

“Están obligadas a responder, porque las entidades pública nos tienen que decir con quién contratan, esa una obligación de transparencia”, advirtió. Además de identificar con qué empresas se suscribieron los contratos, el Comité pidió que se detalle el RFC que utilizó en cada uno de ellas; así como datos sobre los CFDI emitidos, tales como el nombre y RFC del emisor y receptor, el folio, la fecha de emisión, los montos pagados, los impuestos federales trasladados y retenidos que constan en el CFDI y/o la factura, entre otros datos.

Escrito por Rolando Herrera / Agencia Reforma

Reportero de Reforma


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