NACIONAL

La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, con modificaciones al dictamen presentado en diciembre.

Dicho dictamen introducía cambios en la minuta enviada por el Senado, que fueron cuestionados por la representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles.

En el texto avalado ayer en la Cámara baja se recuperó la disposición que considera a los superiores jerárquicos responsables de tortura en términos de lo previsto en la legislación penal.

Además, se precisa que al servidor público que sea investigado o vinculado a proceso por el delito de tortura y que, por razón de su cargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las indagatorias, le podrán ser aplicadas medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la suspensión del cargo.

También se establece que la investigación y persecución del delito de tortura por parte de las autoridades federales procederá cuando exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en tratados internacionales.

Los servidores públicos que cometan el delito de tortura enfrentarán una pena de prisión de 10 a 20 años y 500 a mil días de multa.

Los particulares tendrán una pena de 6 a 12 años de prisión, y de 300 a 600 días de multa.

Las penas pueden aumentar hasta en una mitad cuando las víctimas sean menores de edad, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultos mayores, o se registre agresión sexual. El dictamen señala que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de autoridad judicial.

El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para el delito de tortura, indica, son imprescriptibles. No constituyen causas de exclusión del delito, establece, la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico.

Tanto autoridades federales como las fiscalías de los estados estarán obligados a investigar el delito.

Escrito por Staff / Agencia Reforma

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