INTERNACIONAL

Demanda California golpe para 200 mil indocumentados en la entidad.

 

SACRAMENTO.- Cada vez más estados se unen contra la decisión del Presidente Donald Trump de cancelar la protección a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

 

Con argumentos similares a los de una impugnación presentada la semana pasada por 15 estados y el Distrito de Columbia contra la decisión de Trump, de poner fin en seis meses al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), a la demanda se unieron ayer las entidades de California, Maryland, Maine y Minnesota.

 

El Procurador estatal Xavier Becerra indicó ayer que el argumento de California es más fuerte que el de la primera misiva presentada la semana pasada, debido a que en esta entidad viven la mayoría de dreamers: 222 mil 795 del total de 785 mil 580 beneficiados.

 

“No creo que haya ninguna duda de que California tiene mucho que perder”, señaló Becerra, quien estuvo acompañado por dos participantes de DACA que fueron llevados a Estados Unidos a la edad de 4 años y que actualmente asisten a la universidad.

 

Se tiene previsto que los legisladores locales de California presenten cambios a un proyecto de ley destinado a limitar la cooperación de los funcionarios estatales y locales con las autoridades federales de inmigración, lo que lo convertiría en el primer Estado santuario para inmigrantes.

 

La querella argumenta que la AdministraciónTrump violó la Constitución y otras leyes cuando puso fin al programa al no considerar los comentarios formales del pú- blico ni los efectos negativos de la decisión en los peque- ños negocios.

 

También menciona que las autoridades gubernamentales y migratorias podrían usar la información provista por los participantes del programa para deportarlos y procesar a sus empleadores, con lo que se daría mal uso a la información proporcionada de buena fe por los participantes del DACA.

 

A diferencia de la demandainterpuesta en Nueva York la semana pasada por otros estados, la nueva querella no alega que la decisión del Mandatario estuvo motivada por prejuicios en contra de mexicanos.

 

En cambio, se centra en las declaraciones de funcionarios del Gobierno de Trump acerca de que los jó- venes protegidos que forman parte del programa roban empleos a los estadounidenses y de que el DACA conlleva a un incremento en los inmigrantes provenientes de América Central.

 

La Administración Trump, a través del Procurador General Jeff Sessions, dijo la semana pasada que no se aceptarían nuevas solicitudes para acogerse al programa y dio al Congreso un plazo de seis meses para actuar, o de lo contrario DACA será cancelado.

 

Sessions agregó que la orden ejecutiva del Presidente Barack Obama para autorizarlo en 2012, sin aprobación de ambas Cámaras, fue un ejercicio inconstitucional de autoridad.

Escrito por Staff / Agencia Reforma

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