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Con la elección del nuevo Auditor, el Congreso del Estado desactivó otra pieza clave del “paquete de impunidad” que el ahora ex gobernador Roberto Borge se había garantizado a futuro para no ser castigado en caso de caer en manos de la justicia local.

 

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque recientemete anunció resultados de 27 auditorías a las cuentas públicas 2015 y 2016 de diversas dependencias estatales, el auditor Manuel Palacios Herrera no agradó a algunos empresarios e integrantes del Observatorio Legislativo de Quintana Roo por haber sido omiso en denunciar las irregularidades de la administración borgista, a pesar de estar enterado en su momento.

 

“Sí tuve conocimiento de las irregularidades pero no las denuncié porque tuve miedo a perder mi trabajo”, justificó Palacios Herrera luego de que el Congreso del Estado lo eligiera de entre una terna como titular de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), el pasado viernes 1 de septiembre.

 

Con la elección del nuevo Auditor, el Congreso del Estado desactivó otra pieza clave del “paquete de impunidad” que el ahora ex gobernador Roberto Borge se había garantizado a futuro para no ser castigado en caso de caer en manos de la justicia local.

 

El desmantelamiento de todo este engranaje que le daría impunidad empezó el pasado 17 de febrero, cuando el Congreso de Quintana Roo expidió un acuerdo para que la Aseqroo ampliara la revisión de las cuentas públicas de los dos últimos años de gobierno de Borge Angulo, ya que habían sido aprobadas “al vapor” por la anterior Legislatura.

 

Durante el proceso, el auditor en turno, Javier Zetina González, vinculado al ex mandatario Borge Angulo, renunció al cargo en marzo y en calidad de interino asumió Manuel Palacios Herrera, también colaborador borgista.

 

En manos de Palacios Herrera quedó la revisión de las cuentas públicas aprobadas al vapor y a principios de este mes la Aseqroo informó que el resultado fue de 27 denuncias penales contra 84 ex funcionarios públicos, quienes participaron en el saqueo de más de 11 mil millones de pesos.

 

Pero estos resultados no cuentan para el coordinador del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, y cuestiona el proceso de selección a través del cual fue designado el nuevo auditor.

 

“La terna final se dio con el auditor interino, lo que estamos señalando es que ese auditor estuvo en el área financiera cerca de ocho a 10 años por lo menos, y ese auditor jamás estableció señalamientos de que hubiese una irregularidad, y si los principales problemas de los dos sexenios anteriores fueron financieros, tanto el del gobernador Félix González Canto como de Roberto Borge, ¿cómo es que un auditor especializado en la parte financiera no detectó eso? Lo que decimos es que fue omiso, fue cómplice y aún así se tomó la decisión en el Congreso de elegirlo”, cuestionó.

 

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eloy Peniche Ruiz, sostuvo que en la terna existían elementos valiosos, con experiencia en la materia contable y gubernamental; sin embargo, al votar por unanimidad por Manuel Palacios Herrera se afirmó que la situación quedó igual y es una situación que “causa extrañeza”, por lo que ahora estarán pendientes en la selección del nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción para evitar situaciones similares.

 

“Ahí es donde todos debemos seguir participando en este tipo de organismos, de seguir proponiendo, no podemos bajar los brazos, eso es una realidad y mostraremos nuestra inconformidad cuando así sea necesario”, puntualizó.

Escrito por Alejandra Galicia

Reportera de Luces del Siglo


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