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Un peligro acecha a la democracia: el dinero suministrado a políticos que, al llegar al poder, otorgan beneficios y privilegios a sus mecenas.

 

En los grandes escándalos internacionales – como Odebrecht o Panama Papers– y en los asuntos locales –como el Grupo Higa y las casas de Las Lomas y Malinalco, o las empresas hidalguenses beneficiadas por funcionarios cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong–, el común denominador es la complicidad entre políticos y empresarios, ya sea para financiar campañas, obtener contratos de obra pública o generar grandes riquezas que acaban en paraísos fiscales.

 

De cara a las elecciones de 2018, cuyas precampañas inician el próximo jueves, el Instituto Nacional Electoral convocó al seminario “Dinero y Política, Democracia vs. corrupción”, en el que especialistas internacionales, expertos mexicanos y autoridades electorales y del sistema anticorrupción compartieron, durante dos días, experiencias sobre los peligros del dinero ilícito en las campañas y cómo tratar de frenarlo.

 

Tres de los principales personajes que participaron en el seminario, Iván Velásquez, Marcela Ríos y Jorge Malem, coinciden en que se debe mantener el financiamiento público como prioritario en el sistema electoral mexicano, y fortalecer la fiscalización a entes privados que encuentran los resquicios para financiar la política.

 

Iván Velásquez, comisionado de la ONU contra la corrupción en Guatemala, sugiere poner la lupa en el financiamiento de empresas privadas a las campañas.

 

Para frenar el flujo de recursos ilícitos en las campañas electorales, el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, propone prohibir que las empresas que financian a candidatos, puedan obtener contratos de la administración pública entrante por adjudicación directa.

“Pensaba, por ejemplo, que la contratación directa a la que se recurre con tanta frecuencia, sea prohibida respecto del financista y así, por lo menos, garantizar que sea mediante procesos transparentes de licitación que se le adjudique a un financista, porque aquí sí estaría en equilibrio con los demás”, sugiere.

 

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) advierte que en las campañas electorales pueden infiltrarse recursos ilícitos del crimen organizado, pero también de otros sectores, como el empresarial.

 

El abogado colombiano, quien llevó a la cárcel al ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y quien mantiene abierto un proceso por financiamiento ilícito en contra de su sucesor, Jimmy Morales, advierte que las aportaciones privadas a los procesos electorales no son malas por sí mismas, pero cuando estos recursos no están debidamente regulados y fiscalizados, se convierten en mecanismos que utilizan unos cuantos para asegurarse beneficios.

 

“El financiamiento no es en sí mismo un delito, el financiamiento no es malo. El financiamiento es contribuir también al fortalecimiento democrático... el problema es si por esto se obtienen privilegios respecto de los demás ciudadanos que no financiaron a determinado candidato que resultó elegido”, señala.

 

Velásquez, quien desde 2013 ha liderado el proceso de combate a la corrupción en Guatemala, afirma que el financiamiento ilícito desequilibra la equidad de los procesos electorales y la competencia de las empresas.

 

“Un financista no tiene por qué recibir beneficios de aquel que financió porque, además, desequilibra la igualdad de los ciudadanos, de los empresarios, de las empresas que, se supone, compiten con transparencia en los procesos de contratación administrativa”, señala.

 

Recuerda que, en el caso de Guatemala, las investigaciones de la CICIG y de la Fiscalía General demostraron que detrás de la historia del financiamiento ilícito del Partido Patriota –que llevó al poder a Otto Pérez Molina en 2011, y que fue disuelto en 2013– hay empresas en su mayoría “de papel”. “¿Cómo hemos logrado muchas investigaciones en tema de financiamiento electoral ilícito? Investigando corrupción.

 

Las investigaciones de corrupción relacionadas con el partido del gobierno anterior, del Partido Patriota, nos suministraron mucha información.

 

En los allanamientos y en la documentación obtenida entonces de reportes, de anotaciones, de cuentas que encontramos en muchas de las personas allanadas, y luego siguiendo la línea de la corrupción, encontramos empresas de cartón, empresas de papel que aparecían con pagos recibidos por actividades que no desempeñaban, con esto logramos reconstruir bastante de la historia de financiamiento”, explica.

 

También responsable de la indagatoria que en los años 90 reveló una red de funcionarios que facilitaban lujos y privilegios al capo Pablo Escobar en la prisión de La Catedral, en Colombia, Velásquez expone que para frenar el flujo de recursos ilícitos en las campañas es necesario fortalecer los sistemas de fiscalización y aplicar sanciones severas en contra de partidos políticos y candidatos que incurran en faltas.

 

El especialista considera que una de las lecciones que México puede tomar de Guatemala es que la lucha contra la corrupción es posible.

 

“No se ha eliminado la corrupción, probablemente no se haya rebajado sensiblemente, probablemente no se ha disminuido bastante, ni un poco la impunidad, pero sí se ha demostrado que es posible. ¿Eso qué implicaciones tiene? Cuando se demuestra que es posible uno dice: ‘bueno, ¿y por qué no se hace más extensamente?’”, sostiene.

 

En un contexto tan delicado como el que vive el país, es indispensable que no pongamos a los partidos a buscar dinero de donde sea, porque seguramente habrá qienes están dispuestos a financiar la política, y no necesariamente lo hacen con una vocación o convicción democrática.

 

Lorenzo Córdova, presidente INE

 

El dinero que fluye en las campañas electorales es sólo parte de un problema más grande, que es la influencia del dinero en la política. Mucho más importante, en términos de recursos, es las actividades cotidianas de las empresas y entidades públicas y los desvíos vergonzosos que llevan a cabo diariamente para enriquecer a funcionarios.

Jacqueline Peschard, presidenta Comité de Participación Ciudadana del SNA

 

El especialista argentino Jorge Malem asegura que la fiscalización de las campañas no debe limitarse a las finanzas de los partidos y candidatos. 

 

En materia de financiamiento ilícito mde campañas, las empresas son parte del problema y no de la solución, asegura Jorge Malem, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.

 

El abogado argentino señala que, para combatir el flujo de dinero sucio en la política, es fundamental establecer un sistema de control férreo que abarque a los partidos políticos, pero también al sector privado.

 

“Las empresas aquí son parte del problema, no parte de la solución. Mientras pongamos sólo el acento en la investigación de la financiación de los partidos políticos, en el sector público, no hay solución”, advierte.

Autor del libro Pobreza, corrupción, (in) seguridad jurídica, Malem explica que las campañas políticas son del interés del sector privado, de la delincuencia organizada y de los poderes fácticos, porque a través del triunfo de ciertos candidatos, esos actores buscan acceder o perpetuar su poder.

 

“¿Por qué buscan tener poder político? Para garantizar, primero, impunidad y, segundo, para seguir aumentando su poder económico. Esto no sólo ocurre aquí, ocurre en todas partes del mundo”, asegura.

 

El académico coincide en que las aportaciones privadas a los partidos políticos influyen las decisiones de éstos

 

. “El financiamiento privado lo que hace es sesgar la toma de decisiones de los partidos y financia a los partidos a cambio de que, una vez llegados al poder, se lo devuelvan o retornen lo invertido con muchas ganancias, sobre todo a través de obra pública, aunque no exclusivamente”, detalla.

 

En opinión de Malem, extender el sistema de fiscalización a las empresas es un paso que se tiene que darse tarde o temprano. Considera que abrir demasiado el financiamiento privado es peligroso, porque se corre el riesgo de que el mercado se convierta en el factor determinante de las decisiones políticas.

 

“El modelo predominante en casi todos nuestros países es el mixto. El mixto soluciona algunos problemas de cada uno de los otros dos, pero también tiene los problemas agravados de estos dos. Yo prefiero financiación pública-financiación privada, porque si abrimos mucho la mano a la financiación privada, dejamos a las fuerzas del mercado la determinación de la política, y es es inaceptable desde el punto de vista democrático”, puntualiza.

 

El especialistas asegura que, en materia de fiscalización, México cuenta con un diseño institucional adelantado; el problema es que éste no se cumple.

 

“A veces el problema no es la falta de recursos sino la falta de aplicación de los recursos. México tiene un diseño institucional que es compatible con cualquier sistema adelantado en el mundo, el problema es que no se cumple, entonces hay que recomendar que se cumpla con la ley”, sostiene.

 

Para el catedrático, uno de los grandes pendientes de los sistemas de fiscalización, incluido el mexicano, es la coordinación. “Es necesario que las instituciones fiscalizadoras, por ejemplo, tengan capacidad de cruzar información con otras instituciones, no siempre ocurre eso; que tengan la capacidad para poder investigar al sector privado, no siempre ocurre eso, y que estén dotados económicamente, tanto desde el punto de vista financiero como humano para la investigación, no siempre ocurre eso”, indica.

 

El abogado señala que los ciudadanos tienen un papel fundamental en los esfuerzos para evitar que las campañas electorales se conviertan en una fuente de corrupción. En su opinión, los ciudadanos no pueden quejarse de la corrupción y seguir votando por partidos y candidatos que incurren este tipo de prácticas.

 

Nos interesa saber qué particulares o empresas son filántropos de la democracia y cuáles son inversionistas en democracia, que son dos roles muy distintos: el que paga campañas para recibir el quo, y el que cree tanto en democracia que está dispuesto a poner, a fondo perdido, todo su capital.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana

 

Tenemos un sistema político donde el dinero sirve para hacer política y la política sirve para hacer dinero. Y los mecanismos de preservación de este mecanismo están reaccionando, yo diría, de manera muy virulenta, para proteger ese modelo político.

Juan Pardinas, director del IMCO

 

 

Escrito por Martha Martínez / Agencia Reforma

Reportera de Agencia Reforma


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