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El presidente municipal de Benito Juárez durante la rendición de su Primer Informe de Gobierno.

 

CANCÚN, Q. ROO. – Hace un año, Remberto Estrada Barba recibió una administración saqueada por su antecesor Paul Carrillo de Cáceres, cuyas secuelas ha tenido que encubrir y asumir sus costos, en aras de respetar los acuerdos de la alianza partidista PRI-Verde Ecologista que lo llevó al poder.  

 

El joven alcalde del municipio de Benito Juárez debe obedecer las decisiones de quienes verdaderamente gobiernan detrás del trono: su jefe directo, Jorge Emilio González Martínez, el “Niño Verde”, y el senador Félix González Canto.  

 

Al llegar a su primer año de gobierno, Estrada Barba ha tenido que cargar el descontento y los reclamos sociales que generaron, por ejemplo, la aprehensión de su ex secretario general, Mauricio Rodríguez Marrufo, vinculado a la red de ex funcionarios borgistas que el quinquenio pasado remataron bienes públicos para beneficio de familiares, amigos y ex colaboradores de Roberto Borge Angulo.

 

El alcalde cancunense defendió a su “amigo” hasta el último momento en que tuvo que deslindarse públicamente de la actuación de su ex colaborador, quien sigue preso en el penal de Chetumal y enfrenta otro juicio federal que está pidiendo su traslado.

 

Estrada Barba también ha tenido que asumir los escándalos mediáticos suscitados por el descaro de su secretario particular, Elías Farah Cen, sobrino del ex gobernador Félix González, de publicitar en redes sociales sus fotos en pomposos eventos deportivos mundiales como la Champion-Ligue, cuando por otro lado el alcalde promueve la austeridad.

 

La inesperada ausencia de Rodríguez Marrufo provocó una escalada de enrroques y nuevos nombramientos al interior del gabinete, que hacia fuera se percibe como una falta de solidez.

 

En lugar de Rodríguez Marrufo fue designado Guillermo Brahms González, ex Contralor Municipal, sustituido a su vez por Yuri Salazar Ceballos.

 

 No ha sido el único, durante los casi doce meses de administración el alcalde de 29 años ha ejecutado numerosos cambios de miembros de su gabinete, por justificaciones como “voluntad propia”, “motivos de salud”, “incumplimiento de requisitos” y “asuntos pendientes con la justicia”.

 

Una esperada renuncia fue la del ex director de Ingresos Coordinados, Hugo Flavio Bonilla, denunciado penalmente por el regidor Antonio Meckler por probable daño patrimonial de los recursos públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez.

 

Los sustituyó en el cargo Felipe Villanueva  Silva, director de Ecología en la pasada administración de Paul  Carrillo.

 

Uno de los cambios oportunos que realizó el edil, fue el de Jonathan Yong Mendoza al frente de la SMSPYT, para asignarlo a la Dirección de Catastro que ocupaba Fabiola Villanueva, también investigada por sus vínculos con Rodríguez Marrufo en el remate de bienes públicos desde la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del gobierno del estado, en tiempos de Borge.

 

En menos de un año, el ayuntamiento ha tenido dos tesoreros; el primero, Rogelio Díaz, renunció por supuestos “motivos de salud”. Fue reemplzado por el actual tesorero Lamberto Cruz Cruz, quien a su vez salió de la Dirección de Ingresos.

 

Otro que renunció fue Thomas Hurtado Morris como director del H. Cuerpo de Bomberos, y en su lugar fue designado José Luis Castro Garibay, ex director de Transporte y Vialidad.

 

En días pasados el alcalde de Benito Juárez dio a conocer que se integró a las filas del municipio a Tirso Ordaz Coral, ex rector de la Universidad del Caribe, quien ahora tiene a su mando la Dirección de la Función Pública.

 

El priista Francisco Amaro fue nombrado en la Dirección de Transporte y Vialidad en sustitución de Raymundo López Martínez. Y a la Dirección del Instituto de la Juventud llegó Jonathan Guerrero Hurtado.

 

Tambien se integró Carlos Díaz Carvajal como nuevo titular del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano (Implan), en sustitución de Andrés Aguilar Becerril.

 

 

Seguridad

 

La mayor demanda social de los habitantes de Benito Juárez es la seguridad pública, luego de las 119 “ejecuciones” que han ocurrido durante lo que va de 2017, muchas de ellas por proyectil de arma de fuego y en situaciones de extrema violencia.

 

El pasado 17 de enero se dio el escandaloso ataque a las oficinas de la Fiscalía de Quintana Roo de la Zona Norte, donde murieron cinco personas, entre ellas un policía ministerial, y 15 resultaron heridas.

 

A partir de ahí, los ataque en serie contra Policías Municipales, con saldo de cuatro elemento muertos hasta el momento; uno frente a Plaza Solare, otro en la Supermanzana 260 y el ataque a tres policías más en la Avenida Yaxchilán donde hubo tres lesionados.

 

El linchamiento del “ruso” Aleksei Makeev, cuando la Policía Municipal permitió que un grupo de ciudadanos cancunenses ingresara a su domicilio para apalearlo y agredirlo con rocas y en su intento de defenderse apuñaló a un joven; por este motivo fueron suspendidos 20 elementos de la SMSPyT, mientras se decidía si habían incurrido en actos de omisión.

 

Por este mismo acontecimiento la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQRO) abrió una queja de oficio y emitió una medida cautelar dirigida al presidente municipal, Remberto Estrada, por las presuntas omisiones.

 

Con el fin de ayudar con estrategias en materia de Seguridad, el presidente municipal decidió apoyarse del ex militar Julián Leyzaola como asesor operativo en jefe.

 

Sin embargo, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Harley Sosa Guillén, emitió un pronunciamiento dirigido al alcalde alertándolo sobre los antecedentes de tortura, detención arbitraria y allanamiento de morada que pesan contra su secretario de Seguridad Pública.

Escrito por Selene Hidrogo

Reportera de Luces del Siglo


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