NACIONAL

Demandan ONG que el Gobierno resuelva problema y no busque firmas.

 

MONTERREY.- Ante el motín del martes en el Penal de Cadereyta que sumaba hasta anoche 16 muertos, el Gobierno de Jaime Rodríguez y su Gabinete deberían dedicarse más a solucionar la crisis en los reclusorios que a recolectar firmas para una candidatura presidencial, advirtió ayer el Consejo Cívico.

 

Asimismo, otros organismos ciudadanos exigieron al Gobierno estatal tomar en serio el problema al interior de los penales y, ahora sí, darle prioridad y solucionarlo.

 

“Nuevo León enfrenta retos importantes como éste que requieren de la total atención del Gobernador Jaime Rodríguez y su Gabinete”, señaló en un comunicado el Consejo Cívico, presidido por Jesús Herrera.

 

“Es por eso que las autoridades no deben andar dedicando su atención y tiempo en una campaña de recolección de firmas mientras se detonan este tipo de crisis”, agregó el grupo, integrado por más de 100 organismos afiliados que impulsa la representación de la sociedad del Estado dentro de la agenda de Gobierno.

 

Luego de que el pasado sábado manifestó su interés ante el INE por contender como candidato independiente a la Presidencia, “El Bronco” tiene desde el 9 de octubre un plazo de 120 días para recolectar 866 mil 593 firmas en al menos 17 Estados para poder registrarse.

 

Hasta anoche, el Gobernador no había dado declaración alguna sobre el motín en Cadereyta.

 

“Esto requiere ya una solución de fondo y contundente”, remarcó respecto al motín el director de Renace, Martín Sánchez.

 

“Hasta ahora la autoridad tiene los mismos resultados. Le ha faltado seriedad y tenerlo como prioridad en su plan de Gobierno”.

 

Luis Gerardo Treviño, de Vertebra, coincidió en que el Estado debería priorizar el tema de los penales, aunque aclaró que no solamente depende de la autoridad estatal.

 

El ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Alfonso Verde Cuenca, cuestionó el uso de la fuerza letal para intervenir en el Penal de Cadereyta y exigió el nombramiento de una comisión internacional para valorar los hechos.

 

“Tras lo acontecido, la autoridad apuesta al olvido”, advirtió Verde. “Si queremos que se solucione definitivamente tiene que ser ya la prioridad”.

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que inició una investigación de lo sucedido en Cadereyta y la titular, Sofía Velasco, recalcó que el Estado es responsable de lo sucedido al no atender debidamente el problema en las cárceles.

 

El Congreso local acordó pedir a la Secretaría de Gobernación que junto con el Estado presente un plan de acción para atender el problema, porque a la autoridad estatal le falta capacidad y es incompetente.

Escrito por Staff / Agencia Reforma

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