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Manosean sucesión de presidente del TSJ

El próximo martes 8 de agosto el Tribunal Superior de Justicia deberá elegir a su nuevo Presidente Magistrado, en medio de la vorágine política que pretende seguir influyendo en sus decisiones.

 

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de la vorágine de grupos políticos que pretenden seguir influyendo en sus decisiones y con base en reglas que dejan ver diversas lagunas legales, el Poder Judicial se aproxima a la elección de quien deberá ser su Magistrado o Magistrada Presidente durante los siguientes cinco años.

 

Lo anterior se refleja en la crítica división interna que existe entre los 12 magistrados numerarios con derecho a votar en la sesión de pleno del próximo martes 8 de agosto, cuyos diferentes intereses hacen imposible llegar a un consenso para designar por unanimidad al sucesor del todavía magistrado presidente Fidel Villanueva Rivero.

 

A siete días de la elección, se visualizan al interior del Poder Judicial al menos tres grupos compactos: el primero encabezado por el propio Villanueva Rivero y sus compañeros magistrados José Antonio León Ruiz, Felipe de Jesús Solís Magaña y Luis Gabino Medina Burgos.

 

El segundo conformado por los magistrados Mario Alberto Aguilar Laguardia, Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Mariana Dávila Goerner, Adriana Cárdenas Aguilar, Carlos Alejandro Lima Carvajal y Juan García Escamilla. Y el tercero integrado por las magistradas Dulce María Balam Tum y Verónica Gloria Acacio Trujillo.

 

El primero de estos grupos sigue representando los intereses del ex gobernador y actual senador Félix González Canto, quien por lo pronto los convocó a una reunión para mañana jueves en la Ciudad de México, donde se presume diseñarán la estrategia a seguir para el día de la elección.

 

Para este grupo sigue operando desde el gobierno del “cambio”, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y actual Subsecretario de Enlace Interinstitucional, José Joaquín González Castro, quien en 1993 fue designado magistrado como premio de consolación al ver frustradas sus aspiraciones de convertirse en el candidato del PRI a la Gubernatura, con lo cual rompió la regla de méritos por carrera judicial.

 

Desde su nuevo encargo, González Castro se ha enfocado en buscar de manera individual a algunos de los magistrados para que se plieguen a sus intereses de imponer a un presidente afín al grupo de los ex gobernadores González Canto y Roberto Borge Angulo.

 

Como no ha tenido éxito, su plan “B” es pulverizar cualquier intento del voto mayoritario de los magistrados para dar paso a un escenario en que alguno de sus “gallos”, León Ruiz o Medina Burgos, ocupen la presidencia hasta por la mínima diferencia de votos, que según la ley podrían ser sólo dos sufragios, en caso de que cada uno de los 11 magistrados elegibles votara por sí mismo y el voto de calidad quedara en poder del magistrado presidente Villanueva Rivero, quien tendría que votar por alguien más que no fuera él mismo.

 

El segundo grupo y más compacto, tiene en común el rechazo unánime a que la silla principal del máximo tribunal quede en poder de cualquiera de los dos magistrados que pretenden imponer desde la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional: León Ruiz o Medina Burgos.

 

Los seis magistrados que conforman este grupo también han sido agraviados durante el periodo de Villanueva Rivero y no quieren que esta situación se vaya a repetir en el futuro. Entre quienes han manifestado su desinterés por ocupar la silla, figuran las magistradas Dávila Goerner y Cárdenas Aguilar, así como sus compañeros García Escamilla y Lima Carvajal.

 

Todavía hace algunas semanas el magistrado García Escamilla estaba identificado con el grupo que preside Villanueva Rivero, pero se vio obligado a romper luego de que desde un juzgado se procesó en su contra una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el desfalco contra la paraestatal Vip Saesa, encargada del servicio de taxis aéreos durante el gobierno de Borge Angulo.

 

Similar situación padeció el magistrado Lima Carvajal, quien a pesar de ser el operador de los despojos de terrenos públicos y privados por los cuales hoy se acusa al ex gobernador Borge, también se vio obligado a romper con Villanueva Rivero luego de ser sometido a sanción administrativa por no haber presentado, en tiempo y forma su declaración patrimonial, gracias a lo cual hoy enfrenta un proceso de juicio político por parte del Congreso del Estado.      

 

De esta manera, la oportunidad de ocupar la presidencia del TSJ se cierra de manera natural a los magistrados Del Rosal Ricalde y Aguilar Laguardia, aunque su posible designación dependerá de los amarres que logren hacer los días previos a la votación.

 

Del tercer grupo, ambas magistradas tienen derecho a ser electas, aunque la única que ha hecho públicas sus aspiraciones es Acacio Trujillo, que por ese hecho semanas atrás tuvo que enfrentar una campaña de desprestigio mediático orquestada desde la propia presidencia del Tribunal en un intento por frenarla.

 

Al interior del pleno se ha corrido la versión de que Acacio Trujillo llegaría con la espada desenvainada para someter a quienes han cometido abusos y actos de corrupción al interior del Poder Judicial, por lo que tratan de impedir a toda costa su llegada.

 

A este enrarecido panorama, se suman las lagunas que existen en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, entre ellas el hecho de que el próximo presidente deberá entrar en funciones hasta el día 1 de septiembre, por lo que la silla será ocupada de manera interina por uno de los magistrados no electos durante las casi tres semanas para que se cumpla este plazo. 

Escrito por Agustín Ambriz

Director General de Luces del Siglo


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