NACIONAL

El mandatario acudió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde entregó el documento, tras lo cual pasó a hablar con el Ministro presidente, Luis María Aguilar.

 

Por considerar que desincentiva la profesionalización de las policías, vulnera el pacto federal, la democracia, y pone en riesgo los derechos humanos, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó ayer una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.

 

El mandatario acudió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde entregó el documento, tras lo cual pasó a hablar con el Ministro presidente, Luis María Aguilar.

 

“Nos parece, a todas luces, indebida y en contra de la Constitución la definición que se ha dado de seguridad interior”, comentó Corral, aunque explicó que la controversia es en contra de toda la ley, incluso de los artículos transitorios. En la demanda, agregó, se expone que la definición de seguridad interior es ambigua y ello permite que se invadan las competencias y facultades de los municipios y las entidades federativas.

 

“Vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información, en el que no debemos permitir un ápice de regresión”, lanzó. Aunque reconoció que su demanda encuentra similitudes con otras acciones promovidas por las Cámaras del Congreso o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destacó la importancia de su controversia.

 

“La nuestra está aportando enfoques distintos, para que a los ministros de la Corte no les falte ningún ángulo en los términos de la inconstitucionalidad de esta ley, en particular lo que a nosotros nos preocupa, que es la violación a la soberanía financiera y presupuestal de las entidades federativas”, dijo. Aclaró que la controversia no buscar desconocer la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, sino protegerla.

 

“También lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, esta ley las arriesga innecesariamente, porque les desnaturaliza su función y su misión primordial y primigenia, las sigue colocando en una función para la cual la Constitución no les ha autorizado”, dijo.

 

“Es un modelo legislativo de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar, y eso no le conviene ni a las Fuerzas Armadas”. Cuestionado sobre la responsabilidad de los Gobernadores para capacitar a sus policías, consideró la ley incluso desincentiva esta tarea.

 

“Si ya las Fuerzas Armadas van a realizar la labor, pues la apuesta por un nuevo modelo óptimo de la función policial va a quedar atrás. Se constituye, en términos reales, en un desincentivo a la profesionalización”, planteó.

 

Corral fue acompañado por Santiago Corcuera, ex presidente del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y quien apoyó en la redacción de la demanda; por la politóloga Denise Dresser y el ex Presidente Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, quien también coordinó la Caravana por la Dignidad, así como por miembros del colectivo #SeguridadSinGuerra.

Escrito por César Martínez / Agencia Reforma

Reportero de Reforma


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