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Las denuncias por violación a Derechos Humanos aumentaron en los estados que han hecho uso de las fuerzas armadas, declaró el ombudsman Harley Sosa.

 

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Harley Sosa Guillén, manifestó estar en contra de dicha iniciativa, al destacar que podría convertir en “zona de guerra” a muchos estados del país.

 

“Estoy en contra del proyecto aprobado, pero finalmente le corresponderá al Senado la validación del mismo, las comisiones de Derechos Humanos nos encontramos estudiando el tema para ver si hacemos algún pronunciamiento como Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que integra a los 33 ombudsman del país”, externó.

 

Enfatizó que el Senado de la República deberá hacer una revisión puntual de la iniciativa, ya que militarizar las calles puede evidenciar mayores violaciones a los Derechos Humanos de los mexicanos. Sosa Guillén subrayó que los estados que se han militarizado desde el sexenio pasado, registran mayores violaciones a los Derechos Humanos, con un aumento en el número de quejas interpuestas ante las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos.

 

El ombudsman dijo que posiblemente se podría aplicar la Ley de Seguridad Interior para algunos estados; sin embargo, con esta acción se le quitaría “su esencia” a la Secretaría de Seguridad Pública.

 

“A lo mejor se tendría que valorar si puede ser (aplicable) para casos específicos, pero al hacerse como una Ley tendría carácter general y podría aplicar en cualquier estado”, señaló. Asimismo, informó que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ha expresado su preocupación por algunos puntos contenidos en la Ley de Seguridad Interior, reiterando que podría afectar los Derechos Humanos de la ciudadanía.

 

También, asociaciones estatales y nacionales han mostrado su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, a la que califican como inconstitucional, ya que el Congreso no está autorizado para legislar sobre seguridad interior. Por ello, en un desplegado han exhortado al Senado a no aprobar la Ley “y en cambio, abrir un diálogo nacional a favor de instituciones de seguridad pública y justicia civiles, profesionales y sujetas a rendición de cuentas”.

 

Además, señalan que el proyecto es contrario a lo que marcan los tratados internacionales y a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.

 

La iniciativa, integrada por 34 artículos y cuatro transitorios, expone que las fuerzas federales y armadas podrán intervenir en los estados cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones se vea comprometida, y si las capacidades de la entidad están rebasadas.

 

La intervención de las fuerzas armadas podrá tener una temporalidad que no exceda un año en estados y municipios del país, donde dicha decisión será facultad del presidente de la República sin necesidad de pasar por el Congreso.

 

Sin embargo, los tiempos de estancia de los militares podrán superar el año en caso de que el presidente considere que persiste la amenaza a la seguridad interior; y en actos de perturbación grave de la paz pública que ponga en peligro a la sociedad, se suspenderán las garantías y Derechos Humanos.

 

Escrito por Jorge Ramírez

Reportero de Luces del Siglo


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