NEGOCIOS

Saquean patrimonio de Fundación www.atp.gob.pa Jenkins

Dona familia bienes a otra fundación que al recibir recursos se da de baja en el SAT para no pagar impuestos; llegan a Panamá.

 

 

En dos años, la familia Jenkins logró todo: sacó el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins de México y se lo llevó a Panamá y, simultáneamente, logró establecer un testamento donde sólo los miembros de la familia fueran beneficiarios de los recursos.

 

La Mary Street Jenkins, fundada en 1954 en Puebla, fue desde su origen una organización de filantropía, cuyo patrimonio fue declarado por su fundador William O. Jenkins, como propiedad del País.

 

En su testamento dejó fuera a su hijo Guillermo Jenkins Anstead y a sus nietos Guillermo, Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, según documentos del Centro Espinosa Yglesias.

 

En 2000, la familia consiguió nombrarse como patronato de la Fundación y administrar el patrimonio, que hasta 2016 valía 720 millones de dólares entre inversiones e inmuebles en la Ciudad de México y Puebla.

 

Para llevarse los recursos hasta Panamá y adueñarse de todo, hicieron una compleja operación financiera, según el expediente consignado en la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR con número FED/ UEAF-PUE/0000005/2016. Dicho expediente inició con la demanda presentada por Guillermo Jenkins de Landa, el nieto mayor del fundador y expulsado de la Fundación desde 2012, quien también ha demandado la intervención de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada de Puebla.

 

 

OPERACIÓN BIEN CUIDADA

 

El 30 de abril de 2014, en una inusual operación, la Fundación Mary Street Jenkins donó todo su patrimonio a otra llamada Bienestar para la Filantropía, que hasta ese momento operaba en Aguascalientes.

 

El despacho que hizo la operación fue Rincón, Mayorga, Roman, Illanes, Soto y Compañía de Guadalajara, según el contrato marco de donación del cual tiene copia Grupo REFORMA.

 

La familia nombró a Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, como sus apoderados legales para hacer la donación. De Bienestar para la Filantropía, el apoderado fue Carlos Román Hernández. Todos abogados del mismo despacho.

 

El paso siguiente fue salir del País y para ello se usó un doble Registro Federal de Contribuyentes (RFC), según denuncia ante el SAT. De acuerdo con el contrato de donación, Bienestar para la Filantropía consignó que tenía el RFC: FBF090925P51.

 

Luego de recibir los recursos, pidió al SAT su baja del padrón de donatarias autorizadas y se registró en la mancomunidad de Barbados.

 

En diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación la revocación de autorizaciones y ahí aparece con el RFC: FBF141223AX6. Es decir, recibió la millonaria donación con un RFC y después se fue del País con otro, evadiendo el pago de impuestos. El SAT analiza la procedencia porque nadie en este país puede obtener un doble RFC, expuso Guillermo Jenkins de Landa.

 

 

DE BARBADOS A PANAMÁ

 

 En Barbados,  Bienestar para la Filantropía declaró que llegaba sólo con un patrimonio de 79 mil dólares, esto, porque ya habían comenzado el traslado hacia Panamá.

 

En diciembre de 2015, los tres abogados formaron en Panamá la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, a la que certificaron como una continuación de la de Barbados, según documentos notariales. Ahí declararon que tenían 387 millones de dólares de patrimonio.

 

En su primera sesión de consejo se nombró a Guillermo Jenkins Anstead, el hijo del fundador, como beneficiario principal y se estableció que a su muerte, esposa, hijos y después nietos, disfrutarían del patrimonio.

 

El círculo se cerró con el fallecimiento de Jenkins Anstead el 2 de diciembre de 2016. Con ello, por lo menos 387 millones de dólares y 18 inmuebles en México pasaron a ser parte de la familia. En toda la historia un personaje cercano a la familia fue Luis Ernesto Derbez: rector de la Universidad de las Américas y autonombrado pre candidato presidencial.

Escrito por Laura Carrillo / Agencia Reforma

Reportera de Reforma


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