NACIONAL

Pagó $16 millones por propiedades ubicadas en Altamira que valen 1,584 mdp.

 

Como Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández se hizo de mil 600 hectá- reas del Puerto Industrial de Altamira, las cuales adquirió a través de prestanombres a 1.5 por ciento de su valor real, según la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

 

Por esta operación ilícita, realizada hace 10 años, Hernández fue detenido el pasado viernes bajo los cargos de peculado y lavado de dinero.

 

Tomás Yarrington se había hecho de esas mismas hectáreas con la misma operación, adquiriéndolas con un supuesto testaferro a un precio subvaluado en más de 60 veces, según constató la Procuraduría de Tamaulipas basándose en un dictamen de valuación de la perito Araceli Sánchez Salas.

 

Los terrenos en cuestión, originalmente fueron expropiados por el Gobierno Federal en 1981 y transferidos a Tamaulipas en 1998, cuando gobernaba Manuel Cavazos Lerma, como parte de un proyecto para fomentar el desarrollo industrial en el puerto de Altamira.

 

El 19 de junio de 2002, el Fideicomiso Nuevo Santander, que administraba desde 2001 por parte del Gobierno tamaulipeco dichas propiedades, vendió las extensiones de tierra a Materiales y Construcción Villa de Aguayo, una empresa de Fernando Cano Martínez, presunto testaferro del ex Gobernador Yarrington.

 

El 6 de junio de este año el Congreso de Tamaulipas autorizó su venta siempre y cuando fueran destinados para los mismos fines de explotación industrial.

 

Según el dictamen elaborado el pasado 26 de junio, suscrito por la perito Sánchez Salas, en ese entonces el precio de los bienes era de 865 millones 600 mil pesos.

 

Sin embargo, el Gobierno de Tomás Yarrington los vendió en 14 millones de pesos. Es decir, Cano pagó sólo el 1.61 por ciento de su valor real.

 

De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso REFORMA, el contrato se basó en un avalúo del catastro del Ayuntamiento de Altamira, que estimó que las tierras tenían un valor de 13 millones 988 mil 335 pesos.

 

Pero ésta no fue la única ocasión en que los bienes fueron rematados a precios mínimos.

 

Cuando Eugenio Hernández llegó a la Gubernatura aceleró la operación para hacerse de los terrenos que Yarrington, mediante un prestanombres, había adquirido.

 

Bajo el mismo esquema de subvaluación, la inmobiliaria de Fernando Cano vendió en 2007 los terrenos en 16 millones de pesos a GMC Desarrollo Industrial de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, prestanombres de Hernández.

 

Berlanga fue Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano durante la gestión del Mandatario priista. Según el peritaje de Sánchez Salas, en ese año las tierras tenían un valor de mil 54 millones 400 mil pesos, lo que implica que fueron enajenadas al 1.51 por ciento de su valor real.

 

El mismo peritaje señala que en la actualidad estos inmuebles valen mil 584 millones de pesos, casi el doble del valor real desde que el Gobierno de Yarrington los vendió a Cano.

 

En los terrenos no se ha construido ningún tipo de infraestructura destinada a la explotación industrial, de hecho, continúan igual que cuando fueron desincorporados de la propiedad estatal.

 

Por ahora, Eugenio Hernández es el único que se encuentra detenido por este caso, por el que se le imputan los delitos de lavado de dinero y peculado.

Escrito por Abel Barajas / Agencia Reforma

Reportero de Reforma


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