REVISTA R

En una bóveda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la PGR mantiene asegurados 4 mil 569 diamantes, piedras preciosas y semipreciosas, valuados en más de 185 millones de pesos.

 

Antes de ser incautado, este tesoro era exhibido en diferentes joyerías de Quintana Roo, y formaba parte de la mercancía introducida al país por Apel Çelik, un empresario turco sentenciado en su país por la quiebra fraudulenta de un banco, que operaba en México como empresario joyero.

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que el supuesto contrabando de Celik ocasionó un daño al fisco por más de 30 millones de pesos, por lo que le ha fincado créditos fiscales a él y sus empresas por más de 357 millones de pesos. Además, un juez de Quintana Roo ordenó la aprehensión del ex banquero por los delitos de contrabando y defraudación fiscal estimada en un millón 458 mil pesos, por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta en 2011.

 

Recientemente, Çelik ganó un amparo que obligó a que el juez cancelara el delito de contrabando, aunque dejó abierta la posibilidad de que la PGR vuelva a consignarlo por ese ilícito. Çelik logró escapar a una isla del Caribe y, a la fecha, continúa prófugo.

 

FRAUDE BANCARIO

Apel Çelik es, en su país, un equivalente a los banqueros mexicanos que durante el sexenio de Ernesto Zedillo, tras la crisis del “error de diciembre”, fueron perseguidos por fraudes financieros en perjuicio de sus clientes. Accionista principal del Banco de Inversión y Turismo de Turquía (BITT), el 11 de abril de 1994 el Consejo de Ministros canceló a dicha institución la autorización para llevar a cabo transacciones bancarias y aceptación de depósitos, por mala administración y quiebra fraudulenta.

 

Después de la intervención y liquidación del banco, el Fondo de Garantía de Depósitos de Ahorro (el IPAB turco) le atribuyó un desfalco de 59 millones 977 mil 238 liras, equivalentes a casi 300 millones de pesos, según refiere el portal electrónico Türkiye Turizm. Las autoridades turcas allanaron la sede del consorcio de Çelik, denominado Lapis Holding, así como los domicilios de los principales socios y directivos de sus empresas, con el propósito de recuperar algunos bienes o recursos que sirvieran para pagarle a los acreedores.

Pero no lo consiguieron. Sus oficinas principales en el barrio de Cagaloglu, Estambul –donde las autoridades preveían asegurar joyas y alfombras de alto valor– fueron vaciadas días antes de los cateos. Apel fue condenado por el Tribunal Superior Penal a dos años y 11 meses de prisión, por el delito de quiebra fraudulenta, mientras que su esposa Dikranuhi Arsaluiz primero fue absuelta y, después, declarada culpable.

 

VENDEDOR DE ARTESANÍAS

Apel Çelik ingresó a México a finales del sexenio de Vicente Fox, y cuando el gobernador de Quintana Roo era el priista Félix González Canto, hoy senador de la República. El 8 de febrero de 2006, inició operaciones con actividades económicas de comercio al por menor de artesanías y como “asalariado”, según registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Enseguida, fueron constituidas empresas dedicadas a la joyería en las que sus familiares aparecieron como accionistas.

 

El 22 de septiembre de 2006, inició sus operaciones Lapis Diamante, en la que participaban Dikranuhi Arsaluiz, Sonya Çelik y la persona moral F&P Cancún Paseo SA de CV, dedicada a servicios de consultoría y administración. Las dos primeras habían comprado sus acciones a Apel Çelik y quien aparecía como administrador único era Julián José Betancourt Turriza. Cuando el 16 de diciembre de 2015 Betancourt compareció ante la PGR, declaró que si bien trabajaba para Lapis Diamante, reconoció como dueño de la empresa a Apel Çelik.

 

Otra empresa indagada por el SAT y la PGR es Inmobiliaria Principio Maya, que inició operaciones el 8 de noviembre de 2007 y tiene a los mismos accionistas y administrador único que Lapis Diamante. Çelik sólo aparece como administrador único de Sondik Maya, empresa conformada por Sonya Çelik y Dikraunuhi Arsaluz Çelik, a su vez representadas por Érika Paola y Deyliana Avilés Demeneghi, la cual inició operaciones el 13 de marzo de 2009.

 

Las tres empresas constituidas de 2006 a 2009 cuentan con el mismo domicilio fiscal en Avenida San Lorenzo, Colonia Bosques del Sur, delegación Xochimilco de la Ciudad de México. Aunque sus operaciones se realizaban principalmente en Quintana Roo.

 

REDADA

El 16 de diciembre de 2014, la PGR y el SAT irrumpieron en cuatro joyerías de Playa del Carmen y dos de Cancún. Fue embargada la mercancía de los establecimientos de Lapis Jewerly Factory, Inmobiliaria Principio Maya, Jewerly Factory, Lapis Jewerly, Lapis y Lapis Jewerly Center, a los que iniciaron seis procedimientos administrativos en materia aduanera tras la visita domiciliaria.

 

Durante el operativo, la PGR detuvo a Guadalupe Demeneghi Morales y Érika Paola Avilés Demeneghi, pero cuatro días más tarde las dejó en libertad bajo reservas de ley. En realidad, el objetivo de esta acción era Apel Çelik, quien desde entonces se volvió un objetivo inatrapable para las autoridades federales, pues siempre se ha anticipado a cualquier acción en su contra.

 

El escurridizo ex banquero estaba en la mira de la PGR desde mediados de 2013, cuando fiscales de la dependencia recibieron una llamada telefónica anónima en la que se reportó que Çelik y Guadalupe Demeneghi Morales lavaban dinero en joyería y diamantes. Las piedras preciosas, según la denuncia del 20 de marzo de 2014, eran ingresadas a México sin haber realizado el pago de impuesto de importación, utilizando establecimientos y personas morales de su propiedad.

 

En un principio, la PGR inició un acta circunstanciada, pero el 13 de mayo del mismo año decidió abrir la averiguación previa PGR/DGCAP/ ZNO-XIV/22A/2014. Una semana después del operativo a las joyerías, en plena Navidad, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella ante la PGR contra Çelik por una presunta defraudación fiscal de un millón 458 mil 536 pesos, por concepto de evasión del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Según la PFF, el joyero omitió presentar la declaración anual de ISR en 2011, año en que obtuvo ingresos acumulables por 5 millones 9 mil 953 pesos. El 7 de julio de 2015, la PGR aseguró la mercancía de los seis procedimientos administrativos y guardó todos los diamantes y joyas en una bóveda de la SEIDO en el edificio central de la PGR en Paseo de la Reforma 211, en la Ciudad de México.

 

Después del temblor del pasado 19 de septiembre, el edificio fue desocupado y los diamantes fueron uno de los primeros embalajes en ser extraídos y transportados a una nueva oficina.

 

VENTAS POR CONSIGNACIÓN

Çelik logró quedar fuera del alcance de las autoridades cuando se embargaron las joyas y también supo con anticipación de la orden de aprehensión que la PGR obtuvo en contra suya y de Julián José Betancourt Turriza. El 5 de enero de 2016, el Juzgado Séptimo de Distrito en Cancún instruyó sus capturas por el delito de contrabando equiparado –un delito grave–, y contra el ex banquero también por defraudación fiscal.

 

El mismo día, Çelik presentó en la Ciudad de México su demanda de amparo 6/2016 contra la captura, en el Juzgado Cuarto de Distrito en esa materia. Pero, poco antes, había tomado un avión hacia un paraíso fiscal del Caribe. En su demanda de garantías, el joyero aseguró que el ingreso de las joyas y diamantes a México fue legal y que al menos dos de las empresas afectadas pueden justificar su procedencia con un contrato de consignación de mercancía que data del 14 de diciembre de 2012.

La ruta que señaló es la siguiente: Lapis de Cozumel y Comercializadora Lonem, con permiso de la Secretaría de Economía para importación, vendieron joyas a Lapis Mahahual, que a su vez las entregó bajo el citado contrato a Lapis Diamante e Inmobiliaria Principio Maya para su venta.

 

Es decir, que las joyas no eran suyas sino de terceros y que él sólo las vendía. Los procedimientos administrativos en materia aduanera sólo alcanzaron a las dos últimas, en su calidad de consignatarias. Si bien en el amparo se anexan copias de pedimentos de importación y facturas de mercancía de procedencia nacional, antes de consignar el expediente la PGR estimó que eran insuficientes para acreditar la legalidad de toda la mercancía.

 

Para la PGR, no hay certeza de que las joyas aseguradas sean las mismas que refieren los contratos, dado que antes fueron vendidas varias piezas de las que tampoco se tiene acreditada su procedencia legal. En el amparo en revisión 25/2017, el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México ordenó analizar nuevamente si debía girarse o no la captura.

 

El Juzgado negó la captura por contrabando y la volvió a girar por defraudación fiscal. Las joyas, por lo pronto, permanecen aseguradas por la PGR.

Escrito por Abel Barajas / Agencia Reforma

Reportero de Reforma


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