SUPLEMENTOS

Violenta Aguakan los derechos humanos

  • Bajo el amparo y complicidad del gobierno de Quintana Roo, la concesionaria Aguakan desacata pactos internacionales signados por el gobierno de México, que constituyen como un agravio la interrupción del servicio de agua potable.

La suspensión del servicio, junto con la temida cuota de reconexión, es el dolor de cabeza de los miles de ciudadanos indefensos ante la concesionaria de disposición de agua potable Aguakan, que desde hace casi 20 años opera bajo condiciones leoninas en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, con el total beneplácito de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Sin embargo, pocos saben que la interrupción del servicio de agua potable va en contra de diversos tratados internacionales signados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el que se especifica que los ciudadanos deberían tener acceso permanente a recursos como el agua potable y la energía eléctrica, así como a las instalaciones sanitarias de eliminación de desechos y drenaje.

En el caso de la energía eléctrica, esta situación ha sido denunciada a nivel nacional por las decenas de asociaciones civiles que conforman la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, argumentando que la privación mediante las inaccesibles cuotas de estos servicios contraviene además el derecho universal de acceso a los servicios indispensables de salud, seguridad, comodidad y nutrición.

Dentro de las leyes mexicanas, la Ley General de Salud, en su artículo 121 estipula que las personas encargadas del suministro de agua tienen prohibido suprimir la dotación del servicio de agua potable, “excepto en los casos que determinen las disposiciones generales aplicables”.

Aprovechando la generalidad de esta excepción, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, instaurada durante el gobierno de Mario Villanueva Madrid, permite la suspensión total del servicio, incluido el doméstico, a todos aquellos que no cuenten con convenios de pago de sus adeudos con CAPA.

“En caso de mora por parte de los usuarios, (…) procederá la suspensión de dichos servicios. (…) En relación a lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley Estatal de Salud, quedan exceptuados de la suspensión del servicio los usuarios de tomas domésticas y los de servicios públicos de salud, siempre que celebren convenios de pago de sus adeudos”, señala el artículo 81 de esta legislación.

Mediante este resquicio legal, el gobierno estatal protege a la concesionaria de una violación flagrante a los derechos humanos de los que menos tienen y que se ven afectados no sólo por la interrupción del servicio sino también por los altos costos que representan las cuotas de reconexión.

En comparación. Cobros de tarifas extraordinarias, errores de cálculo y la negativa a corregir los errores de cobro, son las quejas más comunes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de la concesionaria de agua potable, que el año pasado repuntó hasta 112 denuncias cuando en el número de quejas en 2011 fue de 80 reportes, siendo además una de las empresas de tratamiento de agua con más inconformidades a nivel nacional.

La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) es la única concesionaria en México que se encarga de todo el proceso de tratamiento y distribución del líquido, desde la extracción hasta el tratamiento, además de la construcción de la infraestructura necesaria para operar y hasta el cobro de las cuotas.

DHC-Aguakan es producto de una sociedad entre Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y la española Bal Ondeo, empresa actualmente envuelta en una polémica por los servicios de asesoría prestados en Hermosillo, Sonora, donde incluso se le inculpa de arrastrar a la bancarrota a la operadora municipal Agua de Hermosillo.

En otros estados de la República las tarifas son reguladas por los gobiernos estatales, basándose en la capacidad económica de las diversas zonas de la entidad, además de que el costo incluye los cargos por saneamiento y alcantarillado, lo que reduce considerablemente las cuentas mensuales de los ciudadanos.

En Cancún, por ejemplo, una familia de cuatro integrantes con un gasto de agua regular de 20 metros cúbicos al mes pagaría más de 200 pesos; mientras que en una zona urbana del estado de Colima, el mismo consumo costaría 68 pesos.

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el costo se elevaría a 108 pesos y, en Guadalajara, Jalisco, esta misma familia pagaría 115 pesos. En algunos estados de la Unión Americana, costaría aproximadamente 120 pesos, con la diferencia sustancial de que el agua se puede beber directamente del grifo.

Cabe destacar que estas tarifas se encuentran disponibles para su consulta en los sitios web del gobierno estatal de las mencionadas entidades o de las dependencias encargadas del agua potable y alcantarillado. En Quintana Roo, ninguna de las dos páginas contiene información al respecto.

Rescindir concesión. Según el contrato que en su momento firmaron Mario Villanueva Madrid, ex gobernador del estado, y los ex ediles Jorge Arturo Contreras Castillo, de Benito Juárez, y Jorge Luis Cárdenas Bazán, de Isla Mujeres, la concesión llegaría a su fin el 20 de octubre de 2023, con posibilidades de que este plazo sea extendido por otros 30 años.

En dicho documento se estipula que la concesión sólo podrá revocarse si existen violaciones a los términos establecidos, así como deficiencias o irregularidades “notorias y justificadas en la prestación del servicio”.

En caso de que esto sucediera, la cláusula vigésima tercera establece que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) asumiría todas las responsabilidades de la concesionaria, incluidos los trabajadores de la empresa, además de que la dependencia debería cubrir el costo de las acciones de dicha concesionaria.

Hasta 2010, según datos de CAPA, el costo de estas acciones se valuaba en más de 2 mil millones de pesos, cantidad con la que el erario debería indemnizar a la empresa por sus servicios prestados a lo largo de estos 20 años, además de proporcionar a la concesionaria un tiempo prudente para recuperar su inversión, añade el contrato.

Durante la administración de Gregorio Sánchez Martínez, las autoridades del municipio de Benito Juárez amenazaron con quitarle la concesión a la empresa por no haber dotado a la ciudad con una red de drenaje sanitario como lo estipulaba el contrato, pues había regiones que desde hace más de 15 años no contaban con drenaje.

Julián Ricalde Magaña, en ese entonces secretario de Obras y Servicios Públicos denunció además que Aguakan destruía la obra de infraestructura de las avenidas al realizar reparaciones en las tuberías y no restituía los daños en el asfalto ni en las banquetas.

Por las mismas fechas, el entonces titular de CAPA, Pedro Flota Alcocer, dio a conocer que por las quejas manifestadas de 2006 a 2008, se le aplicaron sanciones a Aguakan por un total de 8 millones 677 mil pesos, aunque aseguró que esas irregularidades “no eran suficientes” para la revocación de la concesión asignada por 30 años.

Recientemente, anomalías similares llevaron al gobierno de Isla Mujeres a plantear la posibilidad de rescindir esta concesión, luego de que la empresa dejara sin agua a la ínsula durante cuatro días durante el mes de diciembre, además del incumplimiento de algunas obras que no se realizaron en los tiempos estipulados. El caso no trascendió.

Reformas ventajosas. Unos días antes de que Félix González Canto dejara el poder, la XI Legislatura se apresuró a aprobar diversas reformas, entre las cuales se incluye el decreto número 444, publicado el 22 de marzo de 2011 en el Periódico Oficial y que entró en vigor a partir de abril del mismo año.

Este decreto modifica los artículos 39, 41, 46 y 47 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, además de añadir un segundo párrafo al artículo 7.

Los artículos 39 y 41 establecen nuevas tarifas para uso doméstico y residencial, dejando intactos los tabuladores hoteleros e industriales, pero incrementando las bases tarifarias de los primeros hasta en un 247 por ciento. En los mismos apartados se describe la aplicación de un supuesto subsidio que reduce estos nuevos precios en un 60 por ciento, dejando el incremento en 38.8 puntos porcentuales en el caso de las tarifas mínimas.

Otro incremento en las tarifas se fundamenta en la reforma al artículo 46, en el que se estipula que los usuarios del servicio deberán pagar además, mensualmente, el equivalente al 35 por ciento del total del consumo por concepto de alcantarillado. El porcentaje anterior a estos cambios era del 20 por ciento.

El decreto aprobado por el gobierno de González Canto también restituye el artículo 47 de esa ley, que había sido derogado en 2009, y en el que se acuerdan tarifas en caso de que el usuario descargue a la red de alcantarillado una cantidad de agua residual mayor a la que consumieron.

Pero el golpe más agudo a los bolsillos de los ciudadanos es el párrafo añadido al artículo 7, que permite a Aguakan el incremento de tarifas no sólo con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor –como estaba estipulado–, sino también con relación a los ajustes que realice la Comisión Federal de Electricidad a sus propias tarifas, hasta en un 30 por ciento.

Estas disposiciones tienen actualmente en jaque a la ciudadanía y diversos sectores de la sociedad, más ahora que la paraestatal de energía eléctrica dio a conocer que el ajuste a sus tarifas del mes de mayo resultaría en un incremento del 8.4 por ciento respecto al mes de abril, el porcentaje más elevado en los últimos dos años.

Los ciudadanos en la fila de las oficinas de Aguakan se quejan entre ellos de los constantes incrementos. Yolanda Terrazas tiene un terreno que ni medidor tiene, pero debe pagar el mínimo para no ser multada, y los vecinos de Alberto López optaron por contratar pipas de agua para no tener que pagarle a la concesionaria una deuda inverosímil que resultó de un costo de reconexión.

Escrito por Gonzalo Ramos


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