Temen caos urbano

Lo ideal, consideran los empresarios, es que los regidores de Benito Juárez empezarán a trabajar ya en el diseño de un nuevo instrumento debidamente fundado y motivado que estuviera listo cuando la justicia federal dé su resolución sobre la validez o la invalidez del PDU 2014-2030.  

 

CANCÚN, Q. ROO.- De confirmarse la resolución que emitió el pasado 10 de mayo la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en el sentido de que es ilegal el procedimiento a través del cual se aprobó el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún 2014-2030, el ayuntamiento de Benito Juárez estaría obligado a emitir un nuevo instrumento debidamente fundado y motivado.


Y el temor manifiesto de empresarios locales es que el Cabildo no tenga un plan B para cuando el Tribunal Colegiado competente deje sin efecto el PDU y en automático se aplique el de 2005, lo que dejaría sin uso de suelo un total de 19 mil 736 hectáreas, al no estar reguladas por los ordenamientos territoriales vigentes.


Un diagnóstico del sector empresarial, indica que del gran total de hectáreas que quedarían sin uso de suelo, 5 mil 484 de ellas ya cuentan con asentamientos urbanos, lo cual equivale a 66 mil 657 habitantes y 26 mil 817 viviendas. 


Lo ideal, consideran los empresarios, es que los regidores de Benito Juárez empezarán a trabajar ya en el diseño de un nuevo instrumento debidamente fundado y motivado que estuviera listo cuando la justicia federal dé su resolución sobre la validez o la invalidez del PDU 2014-2030.  


Desde que la Sala Constitucional declaró la invalidez de este plan de ordenamiento urbano, la incertidumbre jurídica invadió el ánimo del sector empresarial del estado, sobre todo de quienes invirtieron y esperan desarrollar con las reglas del PDU invalidado.


El ayuntamiento ha tratado de tranquilizar a los inversionistas, sobre todo a los directamente afectados, con el argumento de que no hay ningún problema para sus negocios porque la resolución de la Sala Constitucional es para el caso específico de la cadena hotelera Riu, no tiene efectos generales.


Como este diario informó oportunamente, en su resolución del pasado 10 de mayo la Sala Constitucional juzgó que el acuerdo del Cabildo de sustituir el PDU 2014-2030 de Cancún entonces vigente, fue aprobado sin cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación legal del artículo 139 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en relación cardinal con el 30 de la Ley de Asentamientos Humanos.


En la misma sentencia el máximo tribunal constitucional del estado también anuló la autorización de la licencia de construcción 68269 del 19 de diciembre de 2014, expedida por el secretario Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, a favor de Mx Riusa II, S.A. de C.V.


Entre dos áreas naturales protegidas como son los Manglares de Nichupté y el Parque Nacional de Puerto, dicha licencia autoriza la construcción de un complejo hotelero de 15 niveles, con 565 habitaciones, 5 piscinas, miniclub, 2 bares acuáticos, garita de acceso, vestidores y toalleros.


El juzgador apoyó su razonamiento en los numerales 1 y 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como en el hecho de que la licencia de construcción se otorgó para la ejecución de una obra que se ubicaría entre dos áreas naturales protegidas, como son los Manglares de Nichupté y el Parque Nacional de Puerto.


En respuesta a esta resolución, el equipo de defensores de la empresa Mx Riusa II, S.A. de C.V. solicitó el amparo ante la justicia federal y esperan revertir el fallo de la Sala Constitucional para que en Cancún siga en vigor el PDU invalidado. 


Ante tal incertidumbre jurídica, el empresariado de Cancún prepara un diagnóstico y una estrategia jurídica para responder en caso de posibles riesgos de aplicarse el PDU de 2005.    
 

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