Ablanda el Congreso requisitos para fiscal

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En el país 18 estados no establecen la residencia como requisito de elegibilidad del fiscal.

CHETUMAL, Q. ROO.- El pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría las reformas constitucionales que eliminan el requisito de cinco años de residencia para ocupar el cargo de fiscal general de Quintana Roo y retira a los partidos la facultad de proponer aspirantes al cargo por medio de sus fracciones parlamentarias; además, se reducen de nueve a siete los años que podrá durar en el cargo quien resulte designado.
Con ello, se abre la posibilidad para que ciudadanos de cualquier estado del país puedan postularse para el cargo, ya que no será necesario que sean propuestos por alguna bancada del Congreso.
La aprobación, que todavía requiere del aval de al menos seis de los once ayuntamientos de Quintana Roo, se dio en medio de un debate entre los diputados Eduardo Martínez Arcila, del Partido Acción Nacional (PAN) y Leslie Hendricks Rubio, coordinadora de la fracción del Revolucionario Institucional (PRI), quien fue la única que votó en contra de la iniciativa.
Martínez Arcila defendió la propuesta de eliminación del requisito de residencia, argumentando que para combatir la delincuencia organizada se necesita de una persona con capacidad y conocimiento de las problemáticas locales y nacionales.
Además, rechazó que la medida sirva para nombrar a un fiscal de reciente arribo a la entidad o que implique hacer a un lado a los profesionistas del estado que tengan la capacidad y cumplan los requisitos para el cargo.
De acuerdo con el diputado, en el país 18 estados no establecen la residencia como requisito de elegibilidad del fiscal, por lo que Quintana Roo sería la entidad número 19 en sumarse a este tipo de legislación.
Desde su punto de vista, Quintana Roo no es el mismo de décadas atrás y actualmente operan bandas delincuenciales y no los típicos ladrones de colonia; “ya son bandas organizadas que en muchos casos se mueven entre los estados, por lo que ahora también se requiere de experiencia y de conocer de estos temas para ocupar los cargos que sirven para combatir estas problemáticas”, señaló.
“No se trata que se esté sometiendo a consideración un cargo público ordinario, tampoco es una oportunidad laboral: se trata de una responsabilidad que llevará al funcionario designado a enfrentar situaciones de alto riesgo”, apuntó.
En contraparte, la legisladora priista Leslie Hendricks Rubio dijo que de aprobarse la iniciativa en los términos que se pretende, “no estaríamos cumpliendo con el requisito de mínima vinculación con la comunidad”.
Afirmó que aunque se realicen las modificaciones, estas no podrán regir el proceso actual de designación del fiscal general del Estado, pues este inició al momento de la renuncia de Miguel Ángel Pech, efectiva desde el pasado primero de octubre.
“Es decir, todo el proceso de selección del fiscal general se regirá, en consecuencia, por las leyes vigentes al momento de la renuncia; de tal forma, que aun y cuando se modificara la Constitución en el sentido que pretende esta iniciativa, el nombramiento del nuevo fiscal y su periodo lectivo se regirá por las leyes vigentes hasta ese momento”, explicó.