Propinan revés jurídico a CAPA

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Aún falta que Tribunal resuelva amparo contra embargo de empresa.

 
 
AGUSTÍN AMBRIZ/LUCES
CANCÚN, Q. ROO.- El embargo administrativo impuesto a Aguakan seguirá vigente hasta que el Tribunal de Justicia Administrativa se pronuncie sobre su legalidad, pero lo que sí atenta contra la ley es la pretensión de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de cobrar a la empresa una garantía fiscal por la cantidad de 810 millones 197 mil 537 pesos.
 
Aplicar ambas medidas — embargo y garantía fiscal—, sería tanto como duplicar un mismo pago en agravio de la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado en la entidad, resolvió la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo al otorgarle la suspensión definitiva sobre dicho cobro.
 
La resolución deriva de la demanda de nulidad promovida por Aguakan en contra del oficio número CAPA/DRAEF/1065/2018, de fecha 4 de septiembre pasado, a través del cual la Dirección de Adeudos y Ejecución Fiscal de CAPA impuso el pago de un crédito fiscal por la cantidad de 810 millones 197 mil 537 pesos, tras detectar irregularidades de la concesionaria en el manejo de bienes del dominio público del estado.
 
Como este diario informó en su momento, la CAPA aplicó una auditoría a la administración de la empresa concesionaria y encontró presuntos desvíos de recursos por más de mil 20 millones de pesos, por lo que le impuso el pago de una garantía fiscal.
 
Como Aguakan se negó a pagar, la CAPA procedió a embargar a la empresa y nombró un interventor administrativo para impedir el manejo discrecional de los recursos que periódicamente pagan los usuarios por el servicio de agua y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
 
El dinero que cobra anualmente Aguakan por el servicio de la distribución de agua no es propiedad de la empresa sino del gobierno del estado, toda vez que la concesión sólo le da la facultad para administrar esos recursos que los ciudadanos pagan a través de las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos, informó Gerardo Mora Vallejo, director de CAPA, al anunciar el embargo en septiembre pasado.
 
Ellos son empresarios y piensan que el dinero que proviene del cobro por servicio de agua es una venta de ellos, pero no porque las tuberías, los pozos de extracción, las camionetas, y toda la infraestructura es del gobierno del estado y ellos sólo lo tienen comodato para la prestación del servicio”, enfatizó.
 
Al referirse a las irregularidades detectadas, Mora Vallejo citó que se trata de obras presupuestadas en 2016 de acuerdo con la concesión, pero que no fueron realizadas y las que sí se realizaron no fueron licitadas como lo ordena la Ley de Adquisiciones del Estado y la propia concesión; tampoco fueron sometidas a la auditoría social obligada por los documentos rectores o el modelo financiero que se establece en la concesión.
 
Mora Vallejo aclaró que si bien existe una intervención administrativa la empresa sigue con la operación, aunque ahora está obligada a informar al interventor nombrado por la CAPA cómo se va a gastar cada peso, de acuerdo con el modelo financiero que está planteado en el título de la concesión.
 
“La gerencia de Aguakan no puede tocar un solo peso ni expedir un solo cheque, ya que de hacerlo sin la autorización de la CAPA incurriría en un delito penal que derivaría en responsabilidades”, advirtió.
 
Ante el embargo administrativo, Aguakan promovió un amparo que todavía deberá resolver el Tribunal de Justicia Administrativa, aunque por lo pronto ya le quitó la carga del pago de la garantía fiscal por más de 810 millones de pesos hasta en tanto no se llegue al fondo de este asunto.