Auditan a municipios, hallan irregularidades

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Promueven sanciones de responsabilidad administrativas en FCP y LC.

 
 
 
ALEJANDRO CASTRO
CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades administrativas a seis municipios auditados en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal así como en el de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), durante el ejecicio fiscal 2017.
 
De acuerdo con los resultados de la supervisión, la dependencia encontró por ejemplo que el municipio de Bacalar no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan los objetivos del fondo, así como el manejo ordenado, eficiente y transparente del dinero.
 
En esta demarcación, la dependencia federal auditó la cantidad de 24 millones 77 mil pesos de ese fondo, en cuya operación se encontraron desacatos a los lineamientos generales del programa.
 
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el municipio no reportó el primero y segundo trimestre los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores en el Sistema de Formato Único (SFU).
 
En Felipe Carrillo Puerto, en el mismo fondo federal, la Auditoría Superior de la Federación indicó que las cifras reportadas en el Cierre del Ejercicio de los recursos no fueron congruentes con las informadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hechos por los que fueron promovidas cuatro sanciones de responsabilidad administrativa y se emitió una recomendación.
 
En el caso del municipio de José María Morelos, el órgano de control presumió una recuperación de 879 mil 606 pesos debido a la intervención de la propia Auditoría.
 
Sin embargo ahí se registró también la falta de control en el manejo de los recursos, además de que no se entregó ningún trimestre del formato Avance Financiero, tampoco el informe del segundo y cuarto trimestre de Gestión de Proyectos, ni el primero, segundo y cuarto del formato Ficha de Indicadores.
 
Por lo tanto, señala la instancia federal, la información careció de la calidad y congruencia requerida.
 
Lázaro Cárdenas, por su parte, no informó ni documentó la atención y seguimiento de los
acuerdos establecidos para la mejora continua de los sistemas de control interno para el ejercicio de los recursos.
 
Tampoco, revela la ASF, gestionó las acciones necesarias para el abastecimiento de agua potable para el comedor comunitario municipal, por lo que no se encuentra en operación.
 
Además, las metas se cumplieron parcialmente, pues la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables alcanzó sólo el 21 por ciento, según los indicadores de la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Del mismo modo, el municipio no proporcionó a la SHCP los formatos de “Gestión de Proyectos” ni la “Ficha de Indicadores” para cumplir con sus obligaciones de transparencia, irregularidades por las que se promovieron cuatro responsabilidades administrativas sancionatorias y se emitió una recomendación.
 
En Solidaridad, la Auditoría Superior de la Federación refirió que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del municipio no fueron congruentes con las informadas a la SHCP.
 
Del mismo modo, recalcó que el Ayuntamiento no cuenta con un sistema de control para eficientar y transparentar los recursos.
 
Con respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Cozumel omitió realizar los trámites necesarios ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la conexión de energía eléctrica de las obras de mantenimiento del centro de control animal, lo que provocó que actualmente no se encuentre en operación.
 
Por su parte, en Othón P. Blanco no se reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los movimientos en la cuenta del fondo, ni el avance ni el destino del ejercicio de los recursos, así como tampoco de los recursos comprometidos, devengados y pagados en materia de seguridad pública.