Sin reclamar 300 cajas de valores

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Después de un año, sigue asegurado inmueble de First National Security.

 
 
 
AGUSTÍN AMBRIZ
CANCÚN, Q. ROO.- El sigiloso aseguramiento de cajas de seguridad de la empresa First National Security la mañana del 9 de octubre de 2017, llamado “el robo del siglo” por confiscar bienes particulares a mil 500 clientes, pasó del escándalo mediático al entrampamiento legal para quienes todavía no recuperan sus valores.
 
En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) hay una lista de 300 propietarios de cajas que ni siquiera han podido ser notificados de manera personal, a pesar de que se cuenta con sus domicilios y números de teléfonos; aunque tampoco ellos las han ido a reclamar.
 
Para estos casos, el Código Nacional de Procedimientos Penales traza toda una ruta legal que conduce hasta la Procuraduría General de la República (PGR), como beneficiaria final de todos estos bienes que nadie reclamó, aun después de cumplirse los plazos y procesos de notificación correspondientes a los legítimos dueños.
 
La lista de la SEIDO incluye una variedad de nombres de ciudadanos, nacionales y extranjeros, que contrataron una o varias cajas para supuestamente resguardar su dinero, en pesos o dólares, joyas, armas o documentación personal, de las cuales la autoridad ya cuenta con un inventario listo y envuelto para la entrega a su propietario o para el patrimonio de la PGR.
 
El artículo 230 del Código establece las reglas a seguir por la autoridad para asegurar bienes, entre ellas la elaboración de un “inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación”.
 
En ausencia o negativa del interesado, continúa el precepto, la relación de bienes deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto.
 
A partir de este momento, el Ministerio Público debe notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.
 
Si por esta vía no hubo éxito para la localización, entonces se publicarán dos edictos en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente en los estados y en un periódico de circulación nacional o estatal, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación.
 
El artículo 231 del Código detalla que la notificación apercibirá al interesado o a su representante legal que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda.
 
“Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior”, cita.
 
En esta audiencia participan el Ministerio Público y el interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el propio Código.
 
Al resolver sobre el abandono, el juez del caso debe verificar que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales.
 
La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable.
 
Jorge Antonio Abraham Magaña, abogado de First National Security, comenta que la empresa todavía no ha logrado recuperar sus instalaciones a pesar de haber ganado un amparo en primera instancia, cuya resolución no fue satisfactoria.
 
“Calculamos que el juicio en segunda instancia se va a resolver a nuestro favor los primeros meses de enero y la litis o fondo del asunto es `si el cateo fue correcto o no´. El Juez de primera instancia ya dijo que fue ilegal, nos otorgó el amparo, pero sus efectos son insuficientes para el daño que le causaron a la empresa y a sus clientes”, dice.
 
En su opinión, el fondo de este asunto es que cuando se remitió al juez la orden de cateo no fue solicitada conforme a la ley, sino que se le “engañó” omitiendo aclarar que el tipo de inmueble con orden de cateo, en su interior resguardaba cajas de valores y bienes privados, situación que reconoció el propio juzgador.
 
Aun cuando la empresa afectada ganara en el Tribunal, el cateo ya es un acto consumado y confirmar que es ilegal, no cambiaría en nada las cosas; a lo único que puede aspirar la defensa al final de este juicio, es recuperar su propiedad, pero ya no podrá volver a las mismas condiciones en que se encontraba la situación antes de la ejecución del acto arbitrario de la SEIDO.
 
“Lo se busca en este caso es la devolución de las instalaciones, específicamente; hablar ahorita de reclamar reparación del daño no lo tenemos en mente, requiere hacerse otro juicio y quienes deben decidir eso son los propios accionistas”, confía.
 
El cateo se realizó mediante un trabajo conjunto entre la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y según la PGR, por una investigación que tiene que ver con delincuencia organizada y delitos contra la salud, cuyos resultados oficiales siguen sin conocerse, aunque se especula que buscaban los bienes de “Doña Lety”, presunta operadora del cártel de Sinaloa en Cancún, por aquellas fechas detenida y encarcelada en el estado de Puebla.
 
En su momento, la PGR se comprometió a que “todos aquellos bienes que no guarden relación con los hechos vinculados a la investigación serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico”.
 
Ese entonces, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ordenó catear y asegurar mil 500 cajas de un inmueble en Cancún que pertenece a la First National Security, una empresa dedicada al resguardo de valores.
 
La acción se realizó mediante un trabajo conjunto entre la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y según la PGR, por una investigación que tiene que ver con delincuencia organizada y delitos contra la salud; sin embargo, no ofrecieron más explicación al respecto.
 
La PGR destacó que todos aquellos bienes que no guarden relación con los hechos vinculados a la investigación serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico. Todavía hay 300 que no lo han hecho.