Indagan muerte de testigo de Odebrecht

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Las muertes llegan en medio de las indagaciones de un escándalo.

 
Staff
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 13-Nov-2018 .-La Fiscalía General de la Nación en Colombia abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió un testigo clave del caso Odebrecht por un apartente infarto y, tres días después, su hijo por envenenamiento.
 
El pasado jueves, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, una de las piezas más importantes para recomponer el caso y quien destapó sobornos de la empresa brasileña en una obra de infraestructura, murió presuntamente por un infarto en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá.
 
El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde vivía. En la finca de la familia, Alejandro tomó, por accidente, de una botella con cianuro que estaba en el escritorio.
 
“Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo”, señala el informe del Instituto de Medicina legal.
 
“Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital”.
 
La Fiscalía informó que abrió la indagatoria para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima.
 
Las muertes llegan en medio de las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014 a cambio de concesiones de obra pública.
 
Pizano fue interventor desde 2010 en la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó Odebrecht.
 
El ingeniero detectó varias irregularidades relacionadas con la obra y en 2015 informó de ellas a Néstor Humberto Martínez, entonces abogado del Grupo Aval, un conglomerado bancario que incluía al grupo financiero Corficolombiana.
 
Miembros del grupo financiero están en juicio por las declaraciones de Pizano y, actualmente, Martínez es el Fiscal general de Colombia.
 
De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país.
 
Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol.
 
Esa cantidad asciende a 84 mil millones de pesos, más de 28.5 millones de dólares.
 
El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe.
 
El ex Mandatario Juan Manuel Santos, se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios.
 
Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6.5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.
 
Más tarde llegó la captura del ex congresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4.6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera.
 
La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.
 
A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países.
 
El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.