'Vanguardia' Anticorrupción

Enrique Peña Nieto en algún momento de su mandato dijo que la corrupción era una cuestión “cultural”.

Sergio Guzmán

CANCÚN.- Mientras que en México la corrupción no está tipificada como delito grave, otros países se posicionan como líderes en cuanto al combate a este mal que se reproduce en muchas naciones, pero que en pocas se castiga de forma severa.

Aquí, el aún presidente Enrique Peña Nieto en algún momento de su mandato dijo que la corrupción era una cuestión “cultural”, mientras que Andrés Manuel López Obrador, quien ocupará la Presidencia a partir del 1 de diciembre, considera que juzgar a funcionarios corruptos sería ir en contra de “la estabilidad política del país”

ALEMANIA La Ley Criminal Alemana, según expertos, una de las más avanzadas del mundo en la lucha contra la corrupción. Ahí se estipula que ningún alemán, extranjero que viva en Alemania, ni un alemán fuera del país puede recibir un soborno y/o darlo.

Dentro de la Ley existe una mención especial de “empleados públicos”, con el que se refiere no sólo a funcionarios del estado, sino también a cualquier persona que, aunque trabaje para una empresa privada, preste servicio al estado.

Puede ser acusado de corrupción cualquiera que ofrezca, entregue o reciba un soborno. La ley no considera que se pueda condenar a empresas como “entes jurídicos”, aunque sí a individuos que actúen en representación de estas organizaciones.

Las penas por corrupción se pagan con cárcel, una multa o ambas cosas. Por corrupción en cargo público, se condena a pago de multa y hasta tres años de cárcel; en casos severos, hasta 10. Por corrupción en transacciones comerciales, hasta 5 años de cárcel y por soborno electoral, hasta 5 años.

Las multas pueden llegar al millón de euros, si se considera que los beneficios obtenidos de dicha corrupción han sido mayores a esa cifra. También pueden ser inhabilitados de su profesión. En el caso de las empresas, se les prohíbe acceder a concurso público y se les retienen los beneficios obtenidos de dicha corrupción.

REINO UNIDO El Acta de Corrupción del año 2010 del Reino Unido ha sido calificada en diversas ocasiones como “la legislación anticorrupción más dura del mundo”. Fue anunciada por la reina Isabel II en su discurso inaugural del año político en 2009.

Las penas por los actos condenados en esta Ley llegan a los 10 años de cárcel por corrupción, además de una multa ilimitada y la posibilidad de confiscación de propiedades. La inhabilitación de directores de compañías también se contempla.

Otras leyes por las que se condenan la corrupción incluyen la Ley de Fraude de 2006, La Ley sobre el Producto del Delito de 2002 y la legislación contra el lavado de dinero. Numerosos organismos independientes se encargan de vigilar a los cargos públicos.

Dos sucesivos informes del Comité de Normas en la Vida Pública han descubierto que los gobierno locales son los departamentos más estrechamente vigilados y regulados de Reino Unido. En otros países, por ejemplo México, son los gobiernos locales donde más corrupción se produce.

FINLANDIA En este país la lucha anticorrupción tiene éxito por la estricta moralidad imperante y porque el marco jurídico existente prácticamente impide que haya ese tipo de actos. Por ejemplo, cualquier compra realizada por las Administraciones Públicas, desde un edificio entero hasta una pluma, se debe realizar de acuerdo a los precios equivalentes de mercado y necesariamente incluirá tres ofertas de diferentes proveedores, de forma que se pueda elegir la menos costosas de ellas.

La más mínima decisión tomada por un funcionario público en el ejercicio de su profesión, salvo las relacionadas con la seguridad nacional, puede ser conocida por el resto de los ciudadanos.

Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no sólo de los periodistas, sino de todos los habitantes. Los Secretarios de Estado y los cargos de segundo orden son ocupados por servidores públicos de carrera que alcanzan el puesto tras superar pruebas objetivas, y no son designados por una negociación política ni por acuerdos personales. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas.

En 2001 Anssi Vanjoki, un alto ejecutivo de Nokia, fue encontrado culpable de “conducción temeraria” cuando manejaba su motocicleta por encima del límite de velocidad y tuvo que pagar una multa equivalente a 80 mil dólares.

Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto con el estigma social de la posibilidad de estar involucrado en un caso de corrupción, resulta muy disuasivo frente a posibles intentos de cruzar el límite de la legalidad.