Usa Gobierno como pretexto violaciones menores a la ley, señalan.
Staff Reforma
Pese a que Donald Trump ordenó terminar la separación de familias migrantes en la frontera estadounidense, la política aún persiste en algunos casos. Según una investigación de ProPublica, los abogados de Catholic Charities, que brindan servicios legales a niños inmigrantes bajo custodia federal en Nueva York, han documentado al menos 16 de estos sucesos en los últimos tres meses, para los cuales las autoridades alegaron que los niños estaban en peligro con sus padres.
Sin embargo, en algunos casos, se ha utilizado como excusa violaciones menores a la ley. “Si las autoridades ven incluso la más mínima evidencia de que los padres podrían ser miembros de una pandilla o tienen alguna mancha en su historial, cualquier cosa que justifique que la separación es por el bien del menor, lo hacen”, dijo al medio la abogada Neha Desai, del Centro Nacional para Leyes de Juventud.
Un vocero de la Agencia de Protección Fronteriza y de Aduanas (CBP, en inglés) confirmó a ProPublica que aún se separan familias en la frontera cuando consideran que los menores podrían estar en peligro, sin embargo, negó que la orden estuviera relacionada con la política de “tolerancia cero” en la frontera.
En otro caso documentado directamente por dicha organización, un menor fue separado de su padre al llegar a Texas para solicitar asilo ante amenazas de las maras en El Salvador. Pese a que las autoridades consideraron que el padre tenía un caso creíble y le programaron una audiencia, la CBP asegura que encontró evidencias de que el padre tenía ligas con una pandilla, y el niño fue separado por agentes migratorios y enviado con una familia adoptiva a Nueva York.
La defensa legal del padre afirma que la agencia migratoria no ha ofrecido pruebas de su acusación. En abril de este año, la Administración Trump comenzó una política de “tolerancia cero”, con la que separó a más de 2 mil 600 menores indocumentados de sus padres.
Sin embargo, tras la presión internacional, el Presidente ordenó terminar con la práctica el 20 de junio. Una semana después, un juez de California ordenó a la Administración reunificar a todas las familias, excepto en los casos en que consideraran que la seguridad de los menores estuviese en peligro.
Según los abogados consultados por ProPublica, este pretexto ha sido interpretado al extremo en varios casos, incluyendo el de un menor de 6 años que fue separado de su padre porque a éste le levantaron una infracción por manejar ebrio hace 10 años.
Un abogado de la Unión Civil de Libertades Estadounidenses (ACLU) afirmó que podrían presentar una demanda contra la Administración Trump si persisten los casos.
