'Boletinan' a notaria ligada a Borge

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El apoderado de Maioris responsabilizó al gobierno estatal de Borge Angulo.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Quintana Roo determinó que Yolanda Solís Olveres, extitular de la Notaría Pública 22, con sede en Isla Mujeres, incurrió en irregularidades en las escrituras de 19 departamentos ubicados en el complejo Maioris Tower, entregados a allegados del exgobernador Roberto Borge Angulo.

Yolanda Solís fue la encargada de dar fe a las operaciones ficticias de compra-venta de los departamentos de lujo donde se vieron beneficiados funcionarios públicos y personajes ligados al entonces gobernador del estado.

De acuerdo con la denuncia de Maioris, las ventas fueron falsificadas con la firma de la exfedataria, pues la empresa nunca recibió el dinero de los inmuebles, aunque ella en su momento negó los hechos.

Incluso, aunque desde 2011 los departamentos ya tenían dueño, la constructora tuvo conocimiento de estas operaciones hasta cuatro años después, luego de un proceso en el que la compañía tuvo una parálisis comercial por falta de fondos.

Por este caso, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, declaró procedente la queja y determinó que dichas irregularidades en el desempeño de sus funciones ameritan la separación de su cargo, sin embargo, ella presentó su renuncia en mayo de 2017, alegando problemas de salud.

En consecuencia, la dependencia únicamente expidió una copia certificada para ser añadida al expediente de la extitular de la Notaría Pública 22, donde se señala que actuó con falta de probidad y honradez al “autenticar actos de manera consecutiva sin cuidar ni guardar la probidad en su actuación notarial”.

“Toda vez que a la presente fecha no resulta posible jurídicamente la aplicación de la sanción de la terminación del cargo por las irregularidades cometidas por la exfedataria, en virtud de la renuncia presentada, se ordena tomar nota con copia certificada de la presente resolución en su expediente personal”, se lee en el documento firmado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos, José Joaquín González Castro, fechado al 26 de octubre de 2018.

Entre los beneficiados por el despojo de los 19 departamentos se encuentran personajes cercanos a Roberto Borge Angulo, como la exdirectora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien también fue procurador de Nuevo León en el gobierno del priista Rodrigo Medina.

Asimismo, como dueños del penthouse 18 de Maioris aparecieron Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, esta última, psicóloga y cuarta regidora de Benito Juárez durante la gestión de Paul Carrillo, según se dio a conocer en una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según escrituras obtenidas para el reportaje, también aparecen como dueños Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en el restaurante “Casona La Yucateca”, ubicado en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México; y el exfuncionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

El apoderado de Maioris responsabilizó al gobierno estatal de Borge Angulo. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario”, sostuvo en 2016, cuando el caso tomó relevancia.

El representante de la empresa afirmó que a esa fecha no había podido obtener copias certificadas de las supuestas escrituras porque no habían sido digitalizadas. Los folios fueron cerrados, a pesar de ser información pública.

Además del modelo de despojo vía notario público, a Maioris también le intentaron quitar cuatro departamentos por medio de demandas laborales, siguiendo el modus operandi de otros casos de despojo en el gobierno de Roberto Borge, como lo sucedido con las inmobiliarias Pochteca, Planigrupo y Lagoon Lofts.