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Resistencia indígena / Parte 1

3 diciembre, 2018
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El encuentro fue organizado por el Consejo Civil Mexicano para la Selvicultura Sostenible, quienes a su vez respaldan la lucha legal de varias comunidades.

POR: ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- “Siempre nos han querido despojar, han querido dañar nuestros recursos y nos han engañado. La diferencia es que ya no nos estamos dejando”.

 

Así concluyó el “Encuentro maya peninsular en defensa del territorio”, celebrado el 1 de diciembre pasado.

 

Fue al pie de la laguna Chichankanab, en el municipio José María Morelos,Quintana Roo, donde se reunieron siete colectivos para relatar experiencias sobre la defensa y preservación de sus territorios en la Península de Yucatán.

 

“El objetivo es compartir experiencias y fortalecernos en la lucha”, dijo Sara Silva, coordinadora de la organización en la Península.

 

Decidir sobre el territorio
Habitantes del Ejido de Dziuche en José María Morelos, Quintana Roo, conformaron un colectivo para echar abajo el Decreto de Área Natural Protegida de su territorio.
El decreto impide a sus pobladores de origen maya aprovechar los recursos maderables de la zona y realizar otras actividades que les dan sustento, como la pesca o siembra.

 

Alberto Burgos Medina, comisario ejidal, dice en tono fuerte: “Que quieren proteger el área. Nosotros sabemos protegerla y no los necesitamos”.

Relata que para sus ancestros y para ellos mismos la tierra es sagrada. Es como la madre, la que te da de comer”.

El decreto de Área Natural Protegida se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2011, pero los ejidatarios se enteraron hasta 2013. Encontraron personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la laguna Chichankanab, a bordo de una lancha de motor.

Trataron de defender sus tierras y su arraigo.

 

Los pobladores tienen estrictamente prohibido introducir lanchas de motor al cuerpo de agua, por el daño que causan a las especies de fauna.

“Se les invitó a que se fueran, sino se iba a llamar al pueblo y las cosas iban a acabar mal”, recuerda el comisario.

La Secretaría del Medio Ambiente de Quintana Roo prohibió el aprovechamiento del área en 216, en tanto no hubiera un Programa de Manejo. En ese mismo año iniciaron gestiones para fijarlo y fue autorizado en 2017.

La comunidad interpuso por medio de un amparo la suspensión del Decreto de Área Natural Protegida. Argumentaron que únicamente ellos, como pueblo originario, tienen derecho a decidir lo que pasa en su territorio.

 

La justicia les dio la espalda y el recurso legal les fue negado a los pobladores del ejido Dziche, en junio de este año.

 

El caso está en manos de una juez, quien definirá si procede el recurso para que sean ellos quienes administren y protejan los recursos naturales de la zona. Eso deberá ocurrir en las próximas semanas.

 

Alberto Burgos acusó a la organización ambiental “Amigos de Sian Ka’an” de buscar explotar comercialmente la zona, mediante la instalación de un restaurante al pie de la laguna Chichankanab. Asegura que les negaron conocer el proyecto ante la asamblea comunal.

 

Los señala de ser quienes han puesto dinero para dar despensas y otras dádivas a los pobladores, a fin de que en las elecciones de comisario la gente elija una persona afín a sus intereses.

 

Guardianes de cenotes

Homún es un poblado de Yucatán, famoso por sus cenotes, una de sus actividades económicas principales después que cerró una fábrica de Henequén.

 

Desde hace casi dos años, el municipio está en conflicto por la operación de una megagranja porcícola. El debate es que podría contaminar el agua del subsuelo y terminar con el principal atractivo de la zona.

 

La historia se remonta a 2016. El entonces presidente municipal Enrique Echeverría Chan concedió el cambio de uso de suelo para la instalación de una granja, con capacidad de crianza de casi 50 mil cerdos.  La empresa favorecida era Kekén, propiedad de grupo Kuo.

 

El caso tomó caminos legales y cobró relevancia en los últimos meses. Una juez de Distrito otorgó una suspensión de amparo a favor de seis menores de edad que reclamaron su derecho al agua y un medio ambiente. La resolución ordenó la suspensión de la granja que para entonces ya se construía.

 

El descontento de los pobladores orilló al Cabildo a revocar los permisos de concesión en 2017. La empres, a su vez, presentó un amparo para exigir se respetaran los documentos que le habían sido entregados.

 

Habitantes y cenoteros de Homún, enterados de que podría seguir la construcción de la granja en su comunidad indígena maya, se organizaron para formar la agrupación “Kana’an Ts’onot” (Guardianes de los cenotes).

 

Así, organizaron una “autoconsulta” al pueblo maya de Homún para que se decidiera sobre la construcción de la granja, el 8 de octubre de 2017.

 

La participación fue de 789 personas, de las cuales 732 votaron contra el proyecto. Así, la granja no tendría derecho a operar por la decisión mayoritaria de los pobladores.

 

Pese al Amparo que fue otorgado a los niños, siguió la construcción y funcionamiento de la megagranja.

 

El caso llegó a la Cámara de Diputados de Quintana Roo, en la que creó una Comisión Especial Temporal.

 

Los comisionados visitaron instalaciones y determinaron que “no existía contaminación” al manto freático. Con ello, se avaló la continuidad del proyecto.

 

El viernes pasado, el Poder Judicial del estado ordenó la clausura definitiva de la megagranja y en el fin de semana se desalojó a más de 30 mil cerdos.

 

 

Contra soya transgénica

La fumigación de los grandes sembradíos de soya transgénica en Hopelchén, Campeche, está enfermando a las comunidades, aseguran integrantes del Colectivo Comunidades Mayas de los Chenes.

 

Es una batalla que lleva más de siete años. El colectivo lucha por un propósito: detener los cultivos de la empresa Monsanto que, aseguran, envenena el agua.

 

Investigaciones de la Universidad de Campeche muestran hallazgos de residuos de glifosato en la orina de los habitantes. La sustancia se usa en la siembra de transgénicos, catalogada cancerígena por la Organización Mundial de la Salud.

 

“La misma sustancia se encuentra en el agua del subsuelo, nos están envenenando”, insiste una de las integrantes.

 

La Suprema Corte de Justicia sentenció la revocación del permiso a Monsanto pero la ha desobedecido y continúa con la siembra, según dicen, con el respaldo de autoridades.

 

En 2016, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reconoció que sembró soya transgénica en 16 predios de este municipio  en Campeche. Ello, pese a restricciones legales.

 

Las comunidades mayas de Hopelchén denunciaron a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, por violar las disposiciones legales sobre transgénicos.

 

Las denuncias las hicieron ante los órganos internos de control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

 

En Hopelchén otro de los grandes problemas que afecta la economía local es la matanza masiva de abejas, por plaguicidas y deforestación. Los pobladores reconocen que del alimento subsisten miles de apicultores que se dedican a la venta de miel.

 

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