Para el gobernador quien haya cometido actos de corrupción debe responder, sin impunidad alguna.
HERLINDO VÁZQUEZ
CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras que el nuevo gobierno federal quiere implementar un “borrón y cuenta nueva” en los casos de corrupción, en Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín González se desmarca de esa política para seguir con el combate a esta práctica en la entidad.
Se trata de una determinación que no piensa cambiar en ningún momento de su administración, y luchará para lograr la recuperación del patrimonio hurtado por exfuncionarios, y paralelamente deslindar responsabilidades.
Durante su toma de protesta como presidente de la República el pasado fin de semana, Andrés Manuel López Obrador manifestó que no habrá persecución en contra de sus antecesores, y que así se inicia una nueva etapa en el país, porque desea que nada de eso lo distraiga en su gestión.
El gobernador de Quintana Roo dijo ser respetuoso del Ejecutivo Federal pues tiene su propia estrategia de trabajo.
“Se debe luchar todos los días contra la corrupción, buscar todos los esquemas que nos permitan resolver esta situación, el ir siempre contra ello será fundamental.
“Él (López Obrador) tiene una manera de pensar, nosotros pensamos que cada quién debe responder por lo que hace, (por lo) que hizo. La justicia es lo más importante, evitar la impunidad. Es lo que queremos para Quintana Roo”, ratificó Carlos Joaquín.
El mandatario estatal reiteró que este esquema incluye a sus colaboradores, toda vez que la administración estipula el combate a tales prácticas corruptas.
Además incluye a la ciudadanía, promoviendo constantemente los canales de denuncia, que incluso puede ser anónima.
En consecuencia, en los últimos dos años Quintana Roo ha avanzado en transparencia y combate a la corrupción, al grado de que también se han iniciado procedimientos administrativos y de índole penal en contra de funcionarios de la actual administración estatal, según el reporte de la Secretaria de la Contraloría Estatal (Secoes).
En este proceso, 458 funcionarios de este gobierno estatal están bajo proceso. De ellos, 205 fueron denunciados el primer año de gobierno; y en el segundo, 253.
Lo anterior porque la transparencia y rendición de cuentas son binomio vinculado al combate a la corrupción.
La Ley General de Entidades rige a 39 entidades y 12 entes públicos, los cuales están de manera coordinada, es un instrumento que le favorece.
En Transparencia y Combate a la Corrupción se ha avanzado. En el 2016 Quintana Roo se ubicaba en el lugar 22 a nivel nacional. Al año siguiente pasó al 13 y en el presente está en el cuarto.
En consecuencia ahora es calificado con 98 puntos. El año pasado tenía 91 y en el 2016, 83.
Respecto al procedimiento resarcitorio y de deslinde de responsabilidades en contra de excolaboradores de Roberto Borge Angulo todavía no fenecen, pues la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) investigan el daño patrimonial por 13 mil millones de pesos.
