Instruyen a Congreso contra la corrupción

La diputada Yamina Rosado dijo que el taller impartido en el Congreso fue para conocer las nuevas obligaciones de los servidores públicos y las consecuencias de su mal ejercicio.

 
 
 
 

POR: LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Como parte de las acciones del Mes Estatal Anticorrupción, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el curso en materia de responsabilidades administrativas y sanciones, con lo cual la XV Legislatura se suma a la construcción de un nuevo modelo de servidores públicos, que trabajen con honradez, amabilidad y eficiencia, y que combatan los actos de corrupción en el ejercicio del servicio a los ciudadanos.
 
Al respecto, la diputada Yamina Rosado Ibarra dijo que la corrupción es un mal que afecta al país, del que Quintana Roo no ha sido ajeno, por lo que se requieren servidores públicos capacitados y profesionales para combatir este mal.
 
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura dijo que el taller “Responsabilidades de los servidores públicos, impacto y sanciones ante el sistema anticorrupción”, tiene como objetivo conocer las nuevas obligaciones que se tienen como servidores públicos y las consecuencias que trae el mal ejercicio de sus funciones.
 
“El Sistema Anticorrupción es de reciente creación y estableció un marco legal más estricto en materia de obligaciones y sanciones, esto con el propósito de combatir de manera enérgica la corrupción en el servicio público, por lo que es necesario conocer todas las nuevas obligaciones que nos impone la ley”.
 
El taller permitió promover el desarrollo y capacitación de los trabajadores del Poder Legislativo, contar con el conocimiento pleno de las actividades que se realizan, así como minimizar los actos de corrupción en el servicio público.
 
Fue impartido por José Enrique Castillejos Negrón, titular de la Unidad Especial de Investigación, de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).
 
A su vez, se puso en función un buzón de quejas para que los ciudadanos puedan presentar denuncias de cualquier institución, dependencia u órgano, y con ello brindar un mejor servicio profesional desde la Legislatura.