Advierten sobre irregularidades en cárceles de Solidaridad y FCP

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La entidad autónoma advirtió que con ello se violentan los derechos a la seguridad jurídica.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Quintana Roo, por reclusión irregular en las cárceles municipales de Felipe Carrillo Puerto y de Solidaridad.

En el oficio, el organismo indicó que las cárceles de estos municipios, por Ley, deben albergar únicamente a personas sancionadas por infracciones administrativas, y cuyo tiempo de estancia máximo es de 36 horas, al no contar con una finalidad de reinserción social en el internamiento.

Ambos centros dependen económica y administrativamente de los gobiernos municipales, encabezados por Laura Beristain, en Solidaridad, y José Esquivel Vargas, en Felipe Carrillo Puerto.

La CNDH destacó que ha observado una “mala práctica existente”, al albergar a personas procesadas o sentenciadas, siendo esto una situación irregular, como fue antes señalado a través de una recomendación emitida en 2016.

“En el año 2016 existían (en esta situación) cuatro cárceles municipales: Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres y Solidaridad. En cumplimiento de la Recomendación General 28/2016, se regularizó la situación de internamiento en los centros de Islas Mujeres y de Cozumel, de conformidad con la norma constitucional, sin que haya sucedido lo mismo en Carrillo Puerto y Solidaridad”, apunta el documento.

La entidad autónoma advirtió que con ello se violentan los derechos a la seguridad jurídica y la legalidad de las personas privadas de la libertad.

La recomendación refiere que, desde 2015, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), relativo a Cárceles Municipales en operación en el Estado de Quintana Roo, detalló que “de manera general la infraestructura y el personal con que contaba las cárceles municipales visitadas, no correspondían a las requeridas para alojar y custodiar a quienes son acusados de la comisión de un delito, pues carecían de las instalaciones necesarias para garantizar una estancia digna y segura, así como para llevar a cabo las actividades propias de un centro de reclusión, además de que no contaban con recursos humanos y económicos suficientes para funcionar adecuadamente”.

Entre las recomendaciones que hace el organismo al Poder Judicial de Quintana Roo se encuentran que, en un plazo no mayor a 90 días, se ordene el internamiento de personas procesadas o sentenciadas en los Centros de Reinserción Social establecidos para tal efecto, y no en las cárceles municipales.