Aceleran tarea anticorrupción

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La Fiscalía enfrenta más de 350 expedientes o carpetas de investigación.

 

LAURA CRUZ
CHETUMAL, Q. ROO.- El municipio de Othón P. Blanco encabeza la cifra con mayor número de denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos que abusan de su poder, por ser el que tiene la representación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

 

El organismo da la lucha a los delitos cometidos por servidores públicos en el estado de Quintana Roo, y de acuerdo al fiscal del Ministerio Público adscrito a esta unidad, Carlos Tomás López Magaña, los demás municipios canalizan las denuncias a través del MP, quienes observan el tipo de caso, y de encontrarse una acción, las remiten a la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

 

La Fiscalía enfrenta más de 350 expedientes o carpetas de investigación, que tan solo un pequeño equipo de alrededor de 50 colaboradores, entre operativos y administrativos, revisan los casos de todo el estado.

 

“Hemos recibido últimamente denuncias de negligencias en el desempeño de función o cargo, y estamos recibiendo muchas (denuncias) por abuso de autoridad, son demasiadas las que tenemos por abuso de autoridad”.

 

De acuerdo, a su página web, la Fiscalía tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos establecidos en la Sección Cuarta del Libro Segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como cualquier otro delito cometido por algún servidor público del estado en el desempeño de un empleo, cargo o comisión.

 

De ahí la importancia, en que toda aquella persona que haya pasado por un abuso de autoridad, haga la denuncia o queja pertinente, será esta instancia, quien se encargará de atender, investigar, perseguir y dar una sentencia, en caso de comprobarse la culpabilidad del denunciado.

 

Pese a no dar la cifra exacta de casos, sí precisó que ya existen tres sentencias condenatorias en procedimientos abreviados, donde dos exsecretarios estatales y un extesorero municipal admitieron su responsabilidad, para obtener el beneficio de la reducción de la sanción, mismos que tuvieron que pagar la reparación del daño, reclamada por los afectados.

 

“Tres han sido sentenciados, tenemos también otros que están en suspensión condicional y otros más que están en proceso, otros más estamos todavía en la integración”, detalló.