Exponen problemas de prisión oficiosa

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Enrique Guerrero fue detenido ilegalmente en mayo de 2013 en la Ciudad de México y acusado de secuestrar a sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani.

 
 
 
 
 
Por: César Daniel Martínez Cisneros /Agencia Reforma
Cd. de México, México 23-Jan-2019 .-Por poner en riesgo garantías de las personas imputadas se debe evitar ampliar la prisión preventiva de oficio, consideró el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Tras celebrar la liberación del activista Enrique Guerrero, quien permaneció más de cinco años y medio en prisión sin contar con una sentencia, Jarab afirmó que la fabricación de pruebas en este caso lo llevó a ser encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social 2 de Jalisco.
 
Enrique Guerrero, quien formaba parte de un colectivo que se oponía a las reformas educativa y energética, fue detenido ilegalmente en mayo de 2013 en la Ciudad de México y acusado, junto con profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de secuestrar a sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani.
 
“Tiene esto, desde nuestra perspectiva, un lado sistémico: uno de los motivos por los que no fue posible, supuestamente, liberar a Enrique antes, es que fue prisión preventiva oficiosa por el delito que se le imputaba”, explicó.
 
“Y por eso nos parece que toda esta figura de prisión preventiva oficiosa, donde la imputación es suficiente para que la persona pase todo su proceso en prisión preventiva, es verdaderamente una figura muy problemática, que no se debe utilizar, se debe derogar y, sin duda, no se debe ampliar”.
 
Actualmente, en el Congreso de la Unión se discute agregar al catálogo de los delitos que ameritan prisión automática el robo de hidrocarburos, actos de corrupción y delitos electorales.
 
Jarab reconoció la labor del equipo de la Presidencia, particularmente del Consejero Jurídico Julio Scherer, pero también urgió a castigar las violaciones cometidas contra Enrique Guerrero.
 
“Quiero hacer un llamado a la investigación sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en todo el proceso de criminalización de Enrique, la tortura, la fabricación de delitos, eso no debería queda en la impunidad”, demandó.
 
También pidió que la figura del desistimiento, con el que la PGR retiró las acusaciones contra Enrique Guerrero, se aplique en otros casos.
 
Calorina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, indicó que las detenciones arbitrarias, como la de Enrique, son cotidianas en México.
 
“El sistema de justicia en México no reacciona de manera pronta, adecuada ni eficiente a la grave situación que se repite mucho de la toma de evidencia ilegal para poner a personas en la cárcel, (que es) la manera en la que por años reiteradamente la PGR basó sus acusaciones de delincuencia organizada y secuestro”, lanzó.