Destapan huachicoleo inmobiliario en Cancún

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Bajo pretexto de deuda por predial, Infonavit y ayuntamiento despojan y rematan vivienda popular

POR: AGUSTÍN AMBRIZ
CANCÚN, Q. ROO.- Lo que oficialmente inició como un “Acuerdo de Voluntades” para evitar que las viviendas de interés social abandonadas cayeran en manos de invasores o delincuentes, se convirtió en la pasada administración municipal en una práctica metalegal que se aprovechó para despojar y rematar el patrimonio de personas vulnerables.

Sobre los escritorios de los juzgados federales con sede en este destino turístico del sureste, han pasado durante los dos últimos años al menos 300 solicitudes de amparo contra esta medida que según cálculos extraoficiales ya rebasó los 700 de afectados que perdieron su propiedad y todavía luchan por revertir legalmente esta arbitrariedad en la que estuvieron mezclados autoridades municipales del gobierno verdecologista de Remberto Estrada, notarias públicos afines y empresas intermediarias que compraron el padrón de morosos.

El esquema de operación de esta red de “huachicoleo inmobiliario” se operó con la complicidad del Infonavit, la Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos Coordinados, que en ese entonces dirigió Lamberto Cruz Cruz y Janina Medrano Galindo, respectivamente, en quienes recayó la facultad de autorizar los embargos torciendo los objetivos del “Acuerdo de Voluntades” para usarse como instrumento metalegal para ir no sólo contra las viviendas abandonadas sino para arrasar hasta con las aún habitadas.

El pretexto “legal” para lograrlo no fueron tanto los adeudos bancarios sino la falta de pago, “en rebeldía”, del impuesto predial establecido en las normas administrativas y financieras estatales y municipales como una causal para que el gobierno municipal procediera a embargar viviendas de trabajadores que en este escandalosa corrupción fue dirigido contra familias de las regiones pobres de los márgenes del municipio de Benito Juárez, cuyo tope de valor comercial no rebasara los 350 mil pesos.

La aplicación de este criterio financiero tuvo el objetivo de evitar que la aprobación del proceso de embargo y remate pasara previamente por el pleno del cabildo municipal y así dejar que la facultad recayera directamente en las dependencias encabezadas por Cruz Cruz y Medrano Galindo, hermana de la diputada verdecologista, Gabriela, pareja sentimental del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien durante su administración dejó bien aceitada esta maquinaria de corrupción para garantizar su operación aún en el gobierno de la actual alcaldesa morenista Mara Lezama, que no ha dado señales querer entrarle al toro por los cuernos a pesar de tener pleno conocimiento.

Si hipotéticamente se aceptará que este masivo despojo de viviendas terminó en manos de empresas intermediarias que en promedio pagaron 5 mil pesos para adjudicarse el paquete de las 700 para posteriormente cotizarlas en el mercado en 350 mil pesos, la ecuación nos da como resultado un jugoso negocio de 245 millones de pesos para los huachicoleros inmobiliarios de cuello blanco.
Sin embargo, hasta el momento sólo algunos afectados con posibilidades han ganado el amparo y recuperado su vivienda aún cuando las autoridades municipales dieron por consumado tanto el embargo como el remate, como fue el caso de Gabriel “N” a quien en diciembre pasado fue favorecido por el Juzgado Octavo de Distrito al resolver el expediente 61/2018.

Otros afectados no han tenido tanta suerte, como el matrimonio conformado por Verónica Hernández y Gabriel Pérez cuya solicitud de amparo sigue en proceso bajo el expediente 153/2019 ante el Juzgado Segundo de Distrito, por estar en incapacidad de depositar la cantidad de 40 mil pesos como garantía en este particular juicio.

El caso del huachicoleo inmobiliario impacta el ámbito nacional, ya que en otros entidades de la república también estallaron denuncias que inclusive han logrado llevar a jueces y magistrados, así como otras autoridades municipales y estatales como ocurre en el estado de Nayarit.

Por lo pronto, la semana pasada el Infonavit a nivel nacional anunció la suspensión del programa de subastas de viviendas supuestamente debido a que más que ganancias le han representado pérdidas por 245 millones de pesos en tratar de recuperar un total de 259 mil viviendas en toda la república. BUSQUE REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN DEL DIARIO LUCES DEL SIGLO.