Huachicoleo inmobiliario, aparece negocio jugoso

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Esta operación también ha sido denunciada en otros estados del país.

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que oficialmente inició como un “Acuerdo de Voluntades” para evitar que las viviendas de interés social abandonadas cayeran en manos de invasores o delincuentes, se convirtió en la pasada administración municipal en una práctica metalegal que se aprovechó para despojar y rematar el patrimonio de personas vulnerables.

Sobre los escritorios de los juzgados federales con sede en este destino turístico del sureste, han pasado durante los dos últimos años al menos 300 solicitudes de amparo contra esta medida que según cálculos extraoficiales ya rebasó los 700 afectados que perdieron su propiedad y todavía luchan por revertir legalmente esta arbitrariedad en la que estuvieron mezcladas autoridades municipales del gobierno verdecologista de Remberto Estrada, notarios públicos afines y empresas intermediarias que compraron el padrón de morosos.

El esquema de operación de esta red de “huachicoleo inmobiliario” se operó con la complicidad del Infonavit, la Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos Coordinados, que en ese entonces dirigió Lamberto Cruz Cruz y Jeannina Medrano Galindo, respectivamente, en quienes recayó la facultad de autorizar los embargos torciendo los objetivos del “Acuerdo de Voluntades” para usarse como instrumento metalegal para ir no sólo contra las viviendas abandonadas sino para arrasar hasta con las aún habitadas.

El pretexto “legal” para lograrlo no fueron tanto los adeudos bancarios sino la falta de pago, “en rebeldía”, del impuesto predial establecido en las normas administrativas y financieras estatales y municipales como una causal para que el gobierno municipal procediera a embargar viviendas de trabajadores que en este escandalosa corrupción fue dirigido contra familias de las regiones pobres de los márgenes del municipio de Benito Juárez, cuyo tope de valor comercial no rebasara los 350 mil pesos.

La aplicación de este criterio financiero tuvo el objetivo de evitar que la aprobación del proceso de embargo y remate pasara previamente por el pleno del Cabildo municipal y así dejar que la facultad recayera directamente en las dependencias encabezadas por Cruz Cruz y Medrano Galindo, hermana de la diputada verdecologista, Gabriela, pareja sentimental del exgobernador Roberto Borge Angulo, quien durante su administración dejó bien aceitada esta maquinaria de corrupción para garantizar su operación aún en el gobierno de la actual alcaldesa morenista Mara Lezama, quien no ha dado señales de querer entrarle al toro por los cuernos a pesar de tener pleno conocimiento.

Si hipotéticamente se aceptara que este masivo despojo de viviendas terminó en manos de empresas intermediarias que en promedio pagaron 5 mil pesos para adjudicarse el paquete de las 700 para posteriormente cotizarlas en el mercado en 350 mil pesos, la ecuación nos da como resultado un jugoso negocio de 245 millones de pesos para los “huachicoleros inmobiliarios de cuello blanco”.

Sin embargo, hasta el momento sólo algunos afectados con posibilidades han ganado el amparo y recuperado su vivienda incluso cuando las autoridades municipales dieron por consumado tanto el embargo como el remate, como fue el caso de Gabriel “N”, quien en diciembre pasado fue favorecido por el Juzgado Octavo de Distrito al resolver el expediente 61/2018.

Otros afectados no han tenido tanta suerte, como el matrimonio conformado por Verónica Hernández y Gabriel Pérez cuya solicitud de amparo sigue en proceso bajo el expediente 153/2019 ante el Juzgado Segundo de Distrito, por estar en incapacidad de depositar la cantidad de 40 mil pesos como garantía en este particular juicio.

El caso del “huachicoleo inmobiliario” impacta el ámbito nacional, ya que en otros entidades de la República también estallaron denuncias que inclusive han logrado llevar a jueces y magistrados, así como otras autoridades municipales y estatales como ocurre en el estado de Nayarit.

Por lo pronto, la semana pasada el Infonavit a nivel nacional anunció la suspensión del programa de subastas de viviendas supuestamente debido a que más que ganancias le han representado pérdidas por 245 millones de pesos en tratar de recuperar un total de 259 mil viviendas en toda la República.

ESCALA NACIONAL

Los conflictos legales contra el embargo y remates de viviendas de interés social del Infonavit, escalaron el plano nacional a partir del año pasado cuando la Fiscalía General del Estado de Nayarit solicitó ante el Congreso el desafuero contra jueces y magistrados locales que por legitimar despojos en contra de 40 mil derechohabientes de Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

La Fiscalía reveló que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios “espejo”, con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para ejecutar de manera irregular las hipotecas.

El fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce explicó ante los legisladores que en cuatro juzgados de primera instancia de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas un despacho de abogados en contubernio con los juzgadores simularon juicios que concluían en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas a favor del Infonavit, para luego venderlas en el mercado al 75 por ciento de su valor de avalúo.

De acuerdo con su investigación, en los juicios se falsificaban constancias, no se hacían notificaciones ni emplazamientos de los demandados, no había intervención del Ministerio Público y todas las escrituras de las nuevas adjudicaciones fueron realizadas por un mismo notario.

La Fiscalía también dio aviso al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo.

Los delitos por los que se les podría acusar a estas personas son: falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.

El caso del “huachicoleo inmobiliario” en Cancún fue denunciado el pasado 16 de enero ante la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que preside Santiago Nieto Castillos, por el secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Hugo Alday Nieto.

Aunque ese día no dio detalles sobre de qué tipo de asunto se trataba, dijo que había puesto una denuncia por el presunto lavado de dinero para que se investigue a notarías públicas, así como a los funcionarios de la pasada administración municipal de Benito Juárez que se presume participaron en la serie de despojos masivos.

De esa reunión, el propio Alday Nieto la hizo pública acompañada de una imagen en la que aparece con Nieto Castillo, con quien guarda una estrecha relación familiar, pero la acción no fue avalado ni difundida por la administración de la alcaldesa Mara Lezama, supuestamente porque en esos días estaba reciente la firma de la alianza electoral entre las dirigencias nacionales de los partidos Verde Ecologista y Morena para participar en los próximos comicios de diputados estatales. Atreverse a hacerlo implicaría ir en contra de funcionarios de la pasada administración municipal encabezada por el verdecologista Remberto Estrada.

La semana pasada, el director de lnfonavit a nivel nacional, Carlos Martínez Velázquez, informó en conferencia de prensa que el organismo había determinado suspender el programa de remates debido a que lejos de ganar se habían perdido en los juicios 245 millones de pesos en la estrategia por recuperar parte del monto de la cartera vencida.

“La institución perdió 245 millones de pesos en estos procesos en términos netos, nosotros hicimos las subastas que se hacen a cartera perdida, para recuperar más dinero, y al final terminamos perdiendo más, entonces era absoluto despropósito”, informó el funcionario.

Posteriormente dio a conocer que las viviendas irregulares identificadas como DAVI (Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas e Invadidas) alcanzan los 259 mil casos de 2014 a la fecha a nivel nacional y entrarán en el marco de la estrategia para que las adjudicaciones se hagan conforme a los tiempos de ley, que alcanzan más de cuatro años.

En su balance, destacó que entre 2005 y 2012 hubo una expansión en el otorgamiento de créditos, mientras que el número de viviendas deshabitadas, abandonadas y vandalizadas aumentó como consecuencia de un modelo fallido.

Por su parte, el subdirector general de Administración de Cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano Rodríguez precisó que hay 259 mil procesos judiciales en el país, pero destacan los casos de Nayarit y Coahuila, en donde se encontraron indicios de que se procesaron más de 130 mil casos.

Lo anterior, explicó, significa que en algunos casos el proceso se llevaba a cabo en un estado o localidad distinta a la que se encontraba el acreditado, sin que éste tuviera conocimiento del juicio, lo que estaría vulnerando los derechos procesales y violando los derechos humanos.

Asimismo, indicó que se tienen registrados 170 despachos de cobranza en México, además de 70 que operan en delegaciones y estados; de ésos, sólo 84 cuentan con autorización de la administración pasada para hacer juicios masivos.

Y añadió que durante 2018 se pagaron más de ocho mil millones de pesos a los despachos de cobranza, y la administración anterior les dejó un pago pendiente por mil millones de pesos, por lo que el organismo se encuentra revisando el efectivo para que se ejerza.

TUERCEN ACUERDO

El instrumento metalegal empleado para justificar el embargo y remate masivo de viviendas en Cancún, fue el “Acuerdo de Voluntades” firmado el 23 de mayo de 2011 entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Infonavit con el propósito de impedir que las casas abandonadas fueran ilegalmente invadidas o cayeran en manos de la delincuencia.

René Alejandro Medina Sáenz, uno de los primeros abogados que denunció este tipo de arbitrariedades, denunció públicamente en 2017 que los embargos se estaban llevando a cabo a través de un ilegal procedimiento administrativo de ejecución por deudas del Impuesto Predial que en promedio ascendían a 5 mil pesos, situación de la que el afectado no tuvo conocimiento hasta que ya se había consumado el fraude.

“Nosotros investigamos y nos enteramos que existía un convenio entre el ayuntamiento y el Infonavit para la recuperación de los espacios abandonados, de casas abandonadas, pero en este caso ni estaba abandonada, ni tampoco se debía más que un año de predial, lo que sería legal si hubiera sido debidamente notificado”, explicó.

Julián Ricalde Magaña, quien firmó ese acuerdo como alcalde, afirmó que dicho “Acuerdo de Voluntades” estaba limitado exclusivamente a aquellas viviendas abandonadas, pero su objetivo se torció como parte de las prácticas de saqueo inmobiliario que caracterizó al gobierno estatal en tiempos de Roberto Borge.

“Al poco tiempo de dejar la presidencia municipal, en 2013, me enteré que se le habían dado mal uso a este acuerdo porque se estaban yendo a despojar a aquellos morosos del pago del predial, lo cual no figuraba en alguna de las cláusulas firmadas por mi administración”, aseguró.

Pero el caso que prendió la alerta en la delegación del Registro Público de la Propiedad en Cancún, fue el resuelto el pasado 12 de diciembre por el Juzgado Octavo de Distrito bajo el expediente 61/2018, promovido por Gabriel “N”, en contra de proceso de embargo y remate de su vivienda ejecutado por la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranzas del Ayuntamiento de Benito Juárez debido a que se violó el procedimiento de ley.

El juez Julio César Ortiz Mendoza concluyó que en este caso fueron violadas las garantías de audiencia y debido proceso del afectado, por lo que no pudo enterarse y defender sus derechos de propiedad y vivienda familiar, por lo que procedió a obligar a las autoridades municipales devolverle su vivienda que había caído en cartera vencida porque en 2006 fue impacada por el huracán “Wilma” y desde entonces se encontraba inhabitable, situación de la que el Infonavit fue oportunamente informada. Aún así, el Ayuntamiento de Benito Juárez llevó a cabo el procedimiento administrativo para el embargo y posterior remate.