La operación comercial se hizo en 2006 por la compra de una vivienda ubicada en el fraccionamiento “Los Héroes”.
AGUSTÍN AMBRIZ
CANCÚN, Q. ROO.- Verónica Hernández Viveros es originaria de Xalapa, Veracruz, y hace 24 años se aventuró a mudarse a Cancún en busca de una mejor vida para ella, su esposo Gabriel y sus dos hijas que aquí crecieron y estudiaron.
Ese sueño que empezó en 1996, a lo largo de esas dos décadas de trabajo, esfuerzo y sacrificios le dio la posibilidad al matrimonio Pérez Hernández de adquirir el crédito para la vivienda que hoy le está arrebatando el Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit), en contubernio con autoridades de la pasada administración municipal.
La operación comercial se hizo en 2006 por la compra de una vivienda ubicada en el fraccionamiento “Los Héroes”, sobre la avenida Ignacio Manuel Altamirano, a razón de 300 mil pesos a pagar “cómodas” mensualidades a 30 años, hasta el 2036.
Aún le faltan 17 años para que venza ese plazo, ha pagado el 86 por ciento de la propiedad, sólo adeuda 42 mil pesos, que no pudo cubrir oportunamente por diversas circunstancias familiares, entre ellas la enfermedad de su esposo y los gastos de educación de sus hijas que ya radican en su cuna natal.
“Yo me enteré que había perdido mi casa a través de mensajes que me llegaron a mi celular diciéndome que ya no se podía hacer nada, que había perdido mi casa y que me daban un tiempo para salirnos por nuestro propio pie o ellos nos vendrían a desalojar con la fuerza pública”, cuenta Verónica quien por las tardes trabaja como despachadora de gasolina.
– ¿Quiénes los amenazaron?
– Los de la empresa Adamantine que según nos habían informado compraron la cartera vencida del Infonavit y eran los nuevos propietarios, así que debíamos desocupar la casa cuanto antes.
Fue entonces cuando el matrimonio acudió al ayuntamiento a solicitar información, pero sobre todo orientación para resolver el conflicto legal con el que la familia recibió el 2019.
Al llegar ahí, narró, les dijeron que estaba desaparecido el expediente de su vivienda que documentaba los pagos del impuesto predial; sin posibilidades para pagarse un abogado, el matrimonio pidió ayuda a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza del ayuntamiento para tramitar un amparo.
Su caso, incluso, puso en alerta al nuevo gobierno sobre la desaparición de unos 3 mil expedientes del mismo tema, lo cual la administración pasada justificó en su momento con un supuesto incendio de la bodega donde se resguardaba esa documentación, por lo cual existe una denuncia penal ante la Fiscalía estatal.
Su solicitud de amparo, registrada con el número 153/2019, recayó en el Juzgado Segundo de Distrito donde durante la presentación le dijeron que para obtener el beneficio del amparo debía entregar una garantía por la cantidad de 42 mil pesos antes del próximo jueves 31, cuando será la audiencia.
“Le dijimos al juez que esa cantidad era la que se debía de la casa, y precisamente por no pagarla oportunamente caímos en cartera vencida, por lo que nos era imposible conseguirlos para la garantía, por nuestra mala situación económica”, comentó.
“Cuando le dije al juez que era despachadora de gasolina y que mi marido era afilador, que nuestros ingresos apenas nos dan para subsistir, al principio se sorprendió porque comentó que él tenía otra información, pero después fue muy accesible”.
El juez les pidió por escrito su justificación de incapacidad de pago que deberá entregar un día antes de la audiencia para robustecer la solicitud del amparo.
– Sé que su caso llegó hasta la presidenta municipal, Mara Lezama, ¿qué le dijo?
– Que era una injusticia, que ella no iba a permitir que nos arrebataran nuestro patrimonio, que le lastimaban mucho los abusos contra la gente más necesitada, que me iban a dar todo el apoyo legal y que no me dejarían sola en este proceso que ha sido como una pesada lápida, y han cumplido.
