‘La justicia avanza’: Villanueva Arzápalo

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La fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, reconoció que aunque incrementaron las denuncias penales contra ex colaboradores de Roberto Borge, de modo paralelo aumentaron los recursos de amparo para evadir la justicia.

 

 

 

POR: HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Lento pero seguro. En esas tres palabras puede resumirse el mensaje que dio la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, durante su Primer Informe de Actividades que abarca el periodo de septiembre de 2017, cuando asumió el cargo, al 31 de diciembre del año pasado.

 

Expuso que la profesionalización del personal de la fiscalía ha sido una prioridad de su gestión, por lo que el 85 por ciento de los funcionarios ha recibido capacitación y herramientas que incluyen tecnología geoespacial, para hacer más eficiente su trabajo.

 

De tal forma, destacó que fue instaurada la Maestría en Anticorrupción y Sistema de Justicia, la primera de su tipo a nivel nacional.

 

Señaló que el delito más denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) es el peculado, con el 28.8 por ciento de las demandas; le sigue el Abuso de Autoridad, con 22 por ciento y en tercer lugar el Desempeño Irregular de la Función Pública, con ocho por ciento del total.

 

Respecto a las pesquisas en contra del ex mandatario Roberto Borge Angulo y sus ex colaboradores por daño patrimonial al estado, apuntó que incrementó el número de imputados y el resarcimiento del daño.

 

En coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), el número de denuncias penales contra ex colaboradores de Borge Angulo incrementó de 37 a 97.

 

Aunque, reconoció, de modo paralelo aumentaron los recursos de amparo de ex funcionarios que pretenden evadir la acción penal. Así, actualmente hay 105 recursos legales promovidos por ex funcionarios que buscan escapar de la acción judicial.

 

La funcionaria explicó que la acreditación de imputaciones es complicada, pues debe fundarse con diversas pruebas: videos, hechos, registros de autoridades y más. No obstante, hasta diciembre pasado se habían concretado 24 carpetas de investigación en contra de ex funcionarios y particulares.

 

“En una sola carpeta de investigación hay hasta siete imputados, así que la cifra puede elevarse conforme avancen las investigaciones y el deslinde de responsabilidades”, precisó.

 

Destacó que durante su gestión se han logrado tres sentencias que derivaron en la reparación de daño por 66 millones de pesos, de los cuales 28 millones de pesos fueron reembolsados en efectivo y el resto en especie. De ese total, 48 millones de pesos corresponden a recursos estatales.

 

Asimismo, 12 ex funcionarios de la pasada administración estatal fueron asegurados en suelo quintanarroense, mientras que seis fueron aprehendidos en otras entidades, inclusive con el apoyo de organismos internacionales. Sin embargo, todavía hay 26 mandamientos judiciales pendientes.

 

En cuanto a la vinculación a proceso, Villanueva Arzápalo dio a conocer que de 24 carpetas, en 18 de ellas se ha logrado que los imputados reciban prisión preventiva.

 

Dijo que se logró la recuperación de diversos bienes inmuebles, entre ellos un hotel en Cozumel y 292 predios, de los que 23 recibieron un avalúo por 202 millones 520 mil pesos. Los 269 lotes restantes no han sido cuantificados porque la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo cuenta con dos peritos en esta materia.

 

Villanueva Arzápalo dijo que con apoyo de organismos internacionales se emitieron 20 alertas migratorias que evitan que ex funcionarios quintanarroenses abandonen el país; y de modo paralelo, se formularon 12 alertas rojas para aprehender a imputados por el delito de daño patrimonial al estado.

 

Para tener resultados inmediatos, se notificó de Juicios de Garantía a la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Jalisco y Puebla, donde se presume se esconden ex funcionarios de la pasada administración estatal.

 

Finalmente, señaló que para el presente año la FECC tiene como objetivo consolidarse como órgano autónomo para gestionar recursos propios, pues hoy día sólo tiene independencia técnica, lo que le supedita a la FGE.