Le roban identidad y cobran su cheque

362

Juan Gabriel Villamil ganó sentencia por despido injustificado.

 

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una sentencia judicial ordenó a las autoridades municipales pagar 440 mil pesos por el despido injustificado del ex agente de tránsito Juan Gabriel Villamil Mingo, pero cuando este acudió por su cheque ya lo habían cobrado en su nombre.

Lo anterior ocurrió meses antes de concluir la pasada administración municipal, en abril de 2018, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva del expediente S.C.A/A/197/2916, para la víctima la cual fue confirmada por la Sala Constitucional del Poder Judicial de Quintana Roo, el 26 de septiembre de 2018.

El laudo se dio en una batalla legal derivada de la baja laboral del uniformado, que tenía una trayectoria de 14 años, a pesar de que tenía una comisión oficial asignada, situación que hizo posible que su demanda fructificara.

Villamil Mingo se enteró que la resolución a su favor emplazó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal para cumplir con el pago, pero ésta deslindó su responsabilidad en la Tesorería Municipal. A partir de ahí, entró en una dinámica de estar viajando a los juzgados de Chetumal, cuidando que no vencieran los plazos perentorios del juicio.

Fue un vaivén de exhortos, de plazos y tiempo perdido en una comunicación entre Cancún y Chetumal, pero cuyo cumplimiento del caso sigue sin resolverse.

Finalmente, en diciembre pasado, acudió a cobrar a la Tesorería Municipal de Benito Juárez, pero se encontró con que alguien ya se le había adelantado con uno de los dos cheques que se habían acumulado a su favor, uno con el monto principal reclamado y otro con una actualización por el tiempo transcurrido desde la sentencia. El primero era por 33 mil 500.69 pesos y el otro por 440 mil pesos.

El cheque con la menor cuantía sí lo encontró porque llevaba impresa la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”, mismo que recibió sin problema. No así, el segundo que ya lo habían cobrado desde el pasado mes de septiembre, días antes que concluyera la pasada administración municipal.

“Al entrevistarme con la Lic. Joselyn, de Egresos, que fue donde me canalizó personal de la Tesorería, me comenta que ya se emitieron los cheques y que uno de ellos ya había sido cobrado, por lo que le comenté que yo no había recibido pago alguno, ni muchos menos recibido ningún cheque”, señala el afectado en su queja enviada a la contralora municipal, Reyna Valdivia Arceo Rosado, el pasado 10 de diciembre.

Ese mismo día, pidió al tesorero municipal Marcelo José Guzmán que se cumpliera lo que ordenó la sentencia, pero a pesar de que ya pasaron dos meses, sigue en espera de la respuesta.

Apenas ayer, el afectado recibió una llamada por teléfono de la Tesorería Municipal para convocarlo a una reunión que se efectuará hoy.

Juan Gabriel Villamil se pregunta cómo fue que alguien se enteró del sentido de la sentencia para después cobrar un cheque que no le pertenece. “Cómo saben en Ingresos, el presunto delincuente, que hay una sentencia ejecutoriada, de cuánto es y a nombre de quien está, sin que yo como parte actora supiera que ya habían sido emitidos. Definitivamente el delincuente está en casa y está en ingresos. No creo que el cheque que se llevaron tuviera la leyenda ´Para abono a cuenta del beneficiario´ porque definitivamente no lo habrían podido cobrar”, denunció.

El órgano jurisdiccional en Chetumal tiene emplazada a la autoridad municipal para que proceda al pago o, en su caso, justifique con los documentos a la persona que le fue entregado.

“Se gire requiérase al tesorero Municipal en Benito Juárez, Quintana Roo, para que dentro de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación del presente proveído, rinda un informe en donde acredite haber pagado al señor Juan Gabriel Villamil Mingo las prestaciones que por Ley le corresponde percibir, atento a los efectos condenados en el fallo de 25 de abril de 2018”, establece el documento.

Y el cual advierte que en caso de incumplimiento “quedando apercibido se le aplicará una multa de cincuenta a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente en la República Mexicana, que se graduará de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida. Lo anterior, sin perjuicio de que la actitud de desobediencia a esta disposición derive en que este órgano Judicial la ponga en conocimiento de su superior jerárquico”, añade.

El exhorto va formado por Juan García escamilla, magistrado de la Sala Constitucional del tribunal Superior de Justicia del estado, el pasado 26 de septiembre.

La víctima consideró que hay tibieza del órgano jurisdiccional para sancionar la rebeldía de las autoridades municipales, pese a que informó a la Sala Constitucional de lo que pasa y promovió un amparo contra la tibieza dl Poder Judicial, el Ayuntamiento de Benito Juárez y la dirección de Seguridad Pública y Tránsito por el incumplimiento de la sentencia.

Por la suplantación de identidad de que fue víctima, adelantó que escalará el caso al ámbito penal, aunque para ello requiere documentos que la autoridad responsable se niega a entregar.

Dijo que está a la espera que la autoridad conteste al Tribunal para conocer el avance del caso, en el que hasta fecha ya me adeudan un monto acumulado por los salarios caídos cercano a 700 mil pesos, calculó.