Habrá sanción vs. parte de IEQRoo

216

En 2016, Claudia Carrillo presentó una denuncia por actos de violencia política en su contra.

 

 

 

POR: OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado a iniciar un procedimiento sancionador ordinario contra los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQRoo), Mayra San Román Carrillo Medina, Juan Manuel Pérez Alpuche y Thalía Hernández.

 

Además, debe concluir con las indagatorias para determinar si hubo o no acoso laboral y/o violencia política de género hacia la exconsejera Claudia Carrillo Gasca, actualmente magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

 

Lo anterior fue resuelto por unanimidad del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 20 de febrero, según consta en el asunto SUP-RAP-393-2018 y su acumulado SUP-JE-63/2018, donde se especifica que no existió una debida diligencia por parte del INE con relación al audio aportado por el entonces consejero electoral Sergio Avilés Demeneghi como parte del proceso.

 

El expediente detalla que este caso inició en 2016, cuando Carrillo Gasca presentó una denuncia por actos de violencia política en su contra, al señalar presiones por parte de algunos de sus entonces compañeros para presuntamente obedecer órdenes del exgobernador Roberto Borge durante el proceso electoral.

 

También menciona cada una de las diligencias que se desahogaron en los últimos años, hasta la resolución de la Sala Superior emitida recientemente.

 

Además, en mayo de 2017 Luces del Siglo presentó un audio en el que se escucha al expresidente del Teqroo, Víctor Vivas Vivas, hablar con el entonces consejero electoral Sergio Avilés Demeneghi exigiéndole que se alineara y que si le estorbaba su compañera Carrillo Gasca, que la hiciera a un lado.

 

La reciente resolución del Tribunal expone la necesidad de “contar con un peritaje en audio y video, en razón, de que en su caso, podría fortalecer el dicho de la actora respecto a la presunta incidencia o presión de servidores públicos en prejuicio de ésta”, pues la autoridad administrativa electoral se limitó al análisis de voz cuando se había comprometido también a hacer lo propio para corroborar que no estuviera editado

 

Tampoco se allegó del material suficiente para precisar si la actuación de Mayra San Román Carrillo Medina, Juan Manuel Pérez Alpuche y Thalía Hernández Robledo, consejera presidenta, consejero y consejera electoral, respectivamente, fue un intento de anular el ejercicio de los derechos político-electorales o de las facultades al cargo que desempeñaba Carrillo Gasca.

 

Respecto a la denuncia por violencia política en razón de género, el Pleno afirmó que, en asuntos como éste es trascendental “contar con todas las probanzas que puedan apoyar la verosimilitud del testimonio de la víctima, los hechos en este tipo de casos, generalmente se deben analizar a través de medios de prueba indirectos”, ya que los actos de violencia o presión suelen ser disfrazados al grado de ser casi imperceptibles.

 

Por ello, urgió al INE dictar una nueva resolución, que esté debidamente fundada y motivada, en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se haga la notificación, por lo que tendrán que concluir las investigaciones bajo una perspectiva de género y analizar los hechos como un conjunto interrelacionado.

 

En ese sentido, el INE deberá ordenar lo necesario para contar con el análisis pericial de audio y video sobre la grabación ofrecida por el entonces consejero Álvarez Demeneghi, en el que habla con el expresidente del Tribunal, Víctor Vivas Vivas, misma que se habría registrado en diciembre del 2015, según el propio expediente.