Eran mercados una “carga pesada”

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“Programa de regularización de los bienes inmuebles del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo”

 

POR: MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que inició la gestión municipal del verdecologista Remberto Estrada se trató de regularizar los bienes municipales para combatir el rezago en arrendamientos y comodatos.

 

Una de las primeras acciones que aprobó el Cabildo fue verificar la situación jurídica de muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento, según la Cuarta Sesión Ordinaria del 24 de noviembre de 2016.

 

Se instruyó a Martiniano Maldonado Fierros, entonces director de Patrimonio Municipal, a verificar la situación jurídica en los bienes arrendados u otorgados en comodato.

 

Al amparo del “Programa de regularización de los bienes inmuebles del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo”, se procedió al envío de requerimientos escritos para que los poseedores de locales comerciales demostraran su legal ocupación.

 

La medida se extendió a 15 mercados públicos y a quienes los ocupaban se les advirtió que habría clausura en caso de que hicieran caso omiso al aviso.

 

De nada sirvió la estrategia oficial ni tampoco la amenaza que llevaba. Era tal el abandono oficial de esos lugares que casi todos de los emplazados habían cerrado hacía mucho tiempo.

 

El Mercado municipal Felipe Carrillo Puerto ubicado en la súpermanzana 94, por ejemplo, tiene registrados 90 locales de los que “sobreviven” apenas 15, de los que sólo cinco están abiertos al público: dos loncherías, una estética veterinaria, una cremería y un taller de serigrafía.

 

Stephanie Elena Suárez del local 84, por ejemplo, recibió el emplazamiento del gobierno municipal número OM-DPM 3217/BlyDA-1213/2017, con fecha 26 de octubre de 2017.

 

Como en una cápsula del tiempo, el documento sobrevivió sujeto a una cortina metálica por un año cuatro meses. Ahí quedó intacto tal como fue entregado. Su conservación se debió a que nadie abrió ni pasó frente al local, en el cual en algún momento se vendió pescado. El caso refleja el tamaño del abandono que priva en algunos mercados públicos.

 

La pretendida acción municipal no fue nueva. Un año antes de terminar su gestión (2015), el ex alcalde Paul Carrillo también trató de remediar el rezago de la desincorporación de activos.

 

En un diagnóstico estableció que había tres mercados propiedad del Ayuntamiento: Solidaridad en región 95; De la Unidad en las regiones 100 y 101 y Felipe Carrillo Puerto en la Región 94. En ellos, se aseguró, había 80 locales disponibles: 40, 26 y 14, respectivamente.

 

Asimismo, se integró un listado de mercados por desincorporar: Progreso de la Región 77; Puerto Juárez, El Parían, Región 96 y México de la Región 510, además del Chetumalito.

 

Otros contaban con fideicomisos en los que los locatarios pagarían por el terreno, construirían y pasarían a escriturar. Según la autoridad municipal en esa misma situación permanecían El Parían, El Chetumalito y Donceles 28. Entre quienes no pagarán lo suyo se repartiría la cantidad en proporción a cada uno.

 

Los que estaban en situación de desincorporación, según se dijo, fueron los mercados Solidaridad de la Región 95, Progreso de la Región 77, el de Región 96,  Región 100-10, Puerto Juárez y México de la Región 150.

 

A mitad de la gestión municipal de Paul Michell Carrillo se reportaron únicamente 20 visitas de personas que acudieron al llamado de demostrar la posesión durante abril, mayo y junio de aquel año.

 

La medida se remonta al Decreto número 61 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de marzo de 1992, mediante el cual se declaró para su venta los mercados municipales: Javier Rojo Gómez, Artículo 115 constitucional, artesanías Kihuic y La Pulga,  Jacinto Pat, Independencia, Nuevo Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Unidad 100-101, Puerto Juárez y Garibaldi.

 

De acuerdo al decreto se pretendió crear regímenes de propiedad en condominio para su administración a cargo de los nuevos poseedores.

 

El decreto estableció que  “Los bienes descritos podrán ser enajenados preferentemente a los usuarios y poseedores de los locales comerciales.

 

Lo anterior, debido a que “en el desarrollo de las administraciones públicas municipales se están dando los cambios de una economía más participativa del sector social y privado… De ahí la conveniencia de no distraer tiempo, recursos y esfuerzo en asuntos distintos a sus fines, como administrar patrimonios que son una carga que pesa”.