En diciembre de 2015 la XIV Legislatura autorizó un empréstito de 560 mdp a la CAPA para eficientar sus servicios; una auditoría reveló irregularidades en el manejo del dinero.
POR: HERLINDO VÁZQUEZ
CHETUMAL, Q. ROO.- Este martes personal ex directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), compareció ante la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) para despejar inconsistencias en el ejercicio de 560 millones de pesos correspondientes al empréstito autorizado a la paraestatal por la anterior legislatura.
Entre los citados se encontraban los ex directores de la CAPA, Paula González Cetina y Gustavo Guerrero Ortiz, así como personal administrativo de la Sefiplan: Luis Hoil, Reyes Rodríguez, Luis Cruz y Minerva Marybel.
Todos ellos ejercieron sus funciones durante la administración estatal de Roberto Borge Angulo, actualmente recluido en un penal en el estado de Morelos.
Mientras que José Alejandro Marrufo Roldán y Gonzalo Herrera Castilla, también citados a comparecer, fueron representados por su asesor jurídico, Miguel Ángel Torres Fritz, quien indicó que se trató de un procedimiento de rutina que no implicará mayores consecuencias para los procesos en curso.
La comparecencia se realizó ante la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secoes y durante ella se presentaron pruebas a favor de los imputados, a los que se acusa de diversas responsabilidades en el manejo irregular de 560 millones de pesos.
Dicha cantidad, autorizada a la CAPA por la XIV Legislatura a fines de 2015, tenía como objetivo hacer más eficientes los servicios de la paraestatal a la población.
Un año más tarde, durante una comparecencia ante el Congreso del Estado, el entonces director Guerrero Ortiz aseguró que sólo se ejecutaron 54 millones de pesos. El resto, dijo en aquella ocasión, fue utilizado para el pago de pasivos.
Sin embargo, el análisis hecho por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) evidenció inconsistencias en el ejercicio de los recursos.
Al respecto, Torres Fritz consideró que el procedimiento está viciado de origen y lleno de errores, pues la auditoría no determina gravedad del delito, ni tampoco la individualización de responsabilidades.
El representante legal de los imputados anticipó que aportarán pruebas y esperarán los criterios del coordinador general de sustanciación, el cual dispone de tres días para emitir un acuerdo y turnarlo al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJAQroo).
Insistió en que las imputaciones no señalan conducta de responsabilidad, pero que en todo caso las sanciones que se pudieran aplicar son la inhabilitación, una acción resarcitoria del daño o de tipo penal de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos.
Y afirmó que las acusaciones de la CAPA son de índole político, porque en lo penal y lo administrativo se han ganado las denuncias.
