Se preparan para conservar archivos

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El Poder Judicial del estado adelantó las bases y criterios para conservar, administrar y preservar archivos, como exige la Ley que entrará en vigor en junio próximo.

 

POR: OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Poder Judicial del estado anunció la declaratoria de la implementación del Sistema Institucional de Archivos que sentará la bases y criterios para el funcionamiento de las modificaciones legales que entrarán en vigor en junio próximo.

 

Con la instalación del Grupo Interdisciplinario se dará cumplimiento a las nuevas disposiciones en materia de la organización conservación, administración y preservación de los archivos en posesión de cualquier autoridad.

 

La semana pasada, el magistrado presidente José Antonio León Ruiz emitió formalmente la declaratoria y con ello se anticiparon a lo que se establece en el ámbito federal, en cuyas disposiciones también se prevén sanciones en caso de incumplimiento.

 

La puesta en marcha del Sistema Institucional de Archivo del Poder Judicial tiene el propósito asegurar una adecuada conservación y destino final de archivos físicos y electrónicos, mediante políticas y criterios de valoración documental institucional.

 

El magistrado León Ruiz resaltó la importancia de la conversión de documentos que forman parte del Programa de Impartición de Justicia 2017-2022, de ahí que en la primera sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario se presentaron y aprobaron las reglas de operación e instrumentos , formatos de control y la consulta archivística.

 

Fue a través del Diario Oficial de la Federación que se promulgó la Ley General de Archivos, en junio pasado, la cual pretende establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

 

La disposición también implica a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, entidades federativas y municipios.