Desacata Beristain resolución judicial 

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El fallo de la Sala Constitucional para reanudar un contrato de recoja de basura no ha sido acatado por el Ayuntamiento de Solidaridad que encabeza Laura Beristain.

POR: OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A pesar que hace dos meses la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo ordenó al Ayuntamiento de Solidaridad reanudar el contrato para la concesión de la basura con la empresa Corporativa de Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos y Líquidos (Redesol), Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, hasta el momento no ha acatado la resolución.

 

De acuerdo con el fallo, el contrato debió reanudarse desde enero pasado en que el Ayuntamiento actualmente dirigido por la morenista Laura Beristain Navarrete fue debidamente notificado del sentido de la sentencia y, a partir de ahí, comenzaría igualmente a correr el plazo de 240 meses fijado para la vigencia de la concesión, es decir hasta el 1 de enero de 2033.

 

La Sala Constitucional también ordenó al Ayuntamiento dejar “sin efecto cualquier contrato o compromiso adquirido respecto a la recolección y traslado de residuos”, servicio que actualmente es operado por otras empresas con camiones  que mayoritariamente son propiedad del municipio, y en caso de no ser así, estaría obligado a observar lo referente al pago de la pena convencional a favor de la compañía afectada.

 

En la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo del 24 de octubre de 2012, el Ayuntamiento de Solidaridad autorizó el otorgamiento de la concesión parcial del servicio de recolección y traslado al sitio de disposición final  de residuos no peligrosos del condominio Playacar Fase II, Zona Turística de Playa del Carmen, hoteles fuera de la cabecera municipal y Puerto Aventuras, debido a que la cantidad de residuos generados sobrepasaban la capacidad de la administración municipal dirigido en aquel momento por el priista Filiberto Martínez Méndez.

 

Para tal efecto, el 24 de diciembre de ese mismo año la compañía Corporativa de Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos y Líquidos firmó el contrato con el Ayuntamiento para iniciar con el servicio de la recolección de basura a partir de enero de 2013, lo cual transcurrió con normalidad hasta el mes de marzo siguiente cuando sin justificación ni procedimiento legal alguno el entonces nuevo alcalde Mauricio Góngora Escalante, también priista aunque de un grupo antagónico al de su antecesor, dejó de pagar lo correspondiente al servicio.

 

En su demanda, el representante legal de la compañía alegó en su defensa lo siguiente:

Mi representada, previo otorgamiento de los permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento de Solidaridad, comenzó a prestar el servicio de recolección y disposiciòn final de los residuos no peligrosos, hasta que el H. Ayuntamiento sin que exista motivo, mucho menos procedimiento alguno, dejó de pagar las facturas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2013, por lo que en pláticas con el presidente municipal Mauricio Góngora Escalante se le solicitó que pagara la cantidad adeudada porque de lo contrario mi representada no estaría en aptitud de poder prestar el servicio, la sorpresa fue que al día siguiente el H. Ayuntamiento comenzó a prestar el servicio por su cuenta.  

 

En otro intento por llegar a un acuerdo, la empresa envió un documento al presidente municipal el 25 de octubre de 2013, donde le proponían saldar el adeudo y así continuar con la recolección de basura pero ya no hubo respuesta, por lo que en mayo de 2014 se interpuso la demanda de nulidad al configurarse la negativa ficta, es decir, que el silencio conlleva a la negativa de permitir de continuar con el objeto del contrato de la concesión.

 

Ante ello, la Sala Constitucional resolvió que con su silencio la autoridad demandada “provocó el beneficio a la promovente, en el aspecto que al no existir causa justificada para no permitirle continuar con la concesión ya otorgada”, por lo que este órgano jurisdiccional determinó la nulidad lisa y llana de esa negativa, “ya que como se aprecia del contenido de la concesión otorgada el 24 de diciembre de 2012, la parte actora tuvo a su favor la concesión parcial por tiempo determinado para la recolección y traslado al sitio de disposición final de residuos no peligrosos”.