La recomendación está relacionada con la agresión a una mujer ocurrida en diciembre pasado.
POR: LAURA CRUZ / OMAR ROMERO
CHETUMAL, Q.ROO.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública, y al alcalde de Othón P. Blanco, por violación al derecho humano a una vida libre de violencia, así como al acceso a la justicia con perspectiva de género en agravio de Adisbel N, de origen cubano, quien fue golpeada en diciembre del año pasado por su pareja sentimental.
A tres meses de este hecho, la CDHEQROO emitió una serie de recomendaciones al titular de la Secretaría de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, para reparar integralmente el daño a la mujer, que sea inscrita en el registro de víctimas de Quintana Roo para que tenga acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación.
También el jefe policiaco debe iniciar un proceso para determinar si los elementos policiacos incurrieron en una falta administrativa; ofrecer una disculpa pública estableciendo la verdad de los hechos, instruir a los policías que lleguen a conocer casos de delitos en contra de las mujeres que actúen con perspectiva de género.
Implementar un protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, que se capacite además a los elementos policiacos en derechos humanos, así como en cultura de la legalidad.
En tanto, al presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, se le pidió de igual manera, reparar el daño e iniciar los procedimientos para determinar si las autoridades incurrieron en alguna falta administrativa; dotar de capacitación al personal del juzgado calificador en materia de la cultura de la legalidad y perspectiva de género.
Las autoridades tienen un plazo de cinco días hábiles para responder si aceptan o no la recomendación, y en seis meses deberán de enviar las pruebas de que han acatado cada una de las sugerencias.
El organismo recordó que tras tener conocimiento de la agresión de la que fue víctima la mujer, iniciaron una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de policías estatales y del personal del juzgado calificador del municipio, por lo que investigó requiriendo diversos informes a las autoridades involucradas, hasta llegar a la recomendación.
