Encubren en BJ robode identidad

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La Dirección de Asuntos Jurídicos culpa del fraude a la pasada administración.

 

POR:MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre artilugios y chicanas, el Ayuntamiento de Benito Juárez se niega a destapar la red de corrupción que rodea el pago de al menos 12 liquidaciones de ex empleados que fueron víctimas de robo de identidad en el cobro de cheques a su nombre.

 

La dilación con que actúan autoridades municipales en este caso impide conocer quién es el responsable del fraude, pues esto dejaría expuesta la red de complicidades.

 

El ex policía Juan Gabriel Villamil Mingo enfrenta una batalla  para cobrar un laudo a su favor por 415 mil pesos, producto de un despido injustificado. Alguien se hizo pasar por él con una identificación falsa para adjudicarse un cheque y por consecuencia el dinero correspondiente a la liquidación y los salarios caídos obtenidos tras un juicio administrativo.

 

Un informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio que remitió a la Sala Constitucional del Poder Judicial del estado, reconoce que el soporte documental de quien cometió el robo de identidad se encuentra resguardado en los archivos de la Dirección de Egresos.

 

El área legal del Ayuntamiento de Benito Juárez insistió en responsabilizar de los “acontecimientos” a la pasada administración y de eximir a la actual en el pago que correspondía al ex agente de tránsito.

 

Argumentó que mediante el oficio TM/0025/2019, del 3 de enero de 2019, se dio respuesta al documento CM/DIMRA/0568/2018 enviado a la Contraloría Municipal, donde consultó si esa unidad fiscal giró orden de pago a favor de Villamil Mingo, y la respuesta fue “que nunca se dio orden alguna pues dicho juicio deriva de una indemnización, la cual corresponde tramitar a la Dirección de Recursos Humanos”.

 

Además, aclaró, la responsable de todas las gestiones municipales para emitir pagos es la Dirección de Egresos, cuya área hace entrega del cheque al cerciorarse de su procedencia.

 

De acuerdo al documento que el municipio envió al Tribunal de Justicia Administrativa, la Tesorería local “desconocía” que Villamil Mingo no pudo cobrar su liquidación mediante el cheque 0003729,  pero “en aras de poder resolver la presente situación, recomendó al promovente que presentara una queja formal ante la Contraloría Municipal”.

 

Reconoció que “en efecto, de manera extraoficial se le informó al promovente que desde julio pasado, se habían expedido a su nombre dos cheques por las cantidades de $414,840.90 y $33,500.69 para cumplir la sentencia dictada por esa H. Sala el 25 de abril de 2018, los cuales fueron cobrados por el contribuyente el 4 de julio y el 13 de diciembre de 2018, respectivamente”.

 

Lo anterior, agrega, para que “estuviera en aptitud de investigar y determinar lo conducente, en caso de configurarse una posible responsabilidad administrativa, a la par de una denuncia ante las autoridades penales correspondientes”.

 

El documento establece que “de lo antes expuesto se colige (infiere) que la Tesorería Municipal no tiene incidencia alguna en el procedimiento llevado a cabo para la devolución de dicha indemnización y entrega del cheque respectivo, por no estar dentro de sus facultades”.

 

Según el afectado, la respuesta municipal es insuficiente y pretende “dilatar el proceso”, de ahí que llamó a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 200, 201 y 202 de la Ley de Justicia Administrativa, en los que se prevén multas y, de reincidir, la posible destitución del funcionario responsable.

 

El artículo 201 establece que el incumplimiento de una sentencia o sea excesiva, defectuosa o deje de rendirse el informe solicitado, la autoridad judicial aplicará una multa de 50 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del estado. Independiente de dicha sanción la Sala lo hará del conocimiento del superior jerárquico cuando se trate de una actitud de desobediencia.

 

El artículo 202 agrega que de persistir el incumplimiento se podrá decretar la destitución del servidor público responsable del mismo, aunque quedan excluidos aquellos que gocen de fuero institucional.