Piden atacar violencia política de género

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La consejera electoral Tania Paola Ravel llamó a evitar la simulación y combatir la violencia política por razón de género, mediante el impulso de reformas legales, de ser necesario.

POR:HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana Roo es de las pocas entidades que tiene una  legislación para contrarrestar la violencia política de género, pero de poco servirá al evitar que se apliquen sanciones más severas contra quienes la promueven.

 

Tania Paola Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), recomendó que de ser necesario se debe reformar la Ley para cumplir con ese mandato.

 

Señaló que la falta de apego a la legislación provoca simulación como ocurre en Chiapas y Oaxaca, donde faltan acciones legales concretas para empoderar a las mujeres, de ahí que se requiere trabajar con mayor eficiencia.

 

Mencionó que en la entidad se ha fortalecido el combate a la violencia política por razón de género, al pasar de 14 a 27 por ciento el empoderamiento femenino en las dos últimas elecciones, principalmente a las presidencias municipales.

 

La consejera electoral, sin embargo, puntualizó necesario intensificar medidas contra quienes incurren en violencia política de género, y no sólo promover un apercibimiento público.

 

“Debe haber sanciones más severas para que haya costo político contra quienes incurran en actos de violencia política. Se debe pasar de la amonestación pública a sanciones más severas para lograr inhibir las prácticas que la fomentan”, refirió.

 

En Quintana Roo únicamente se registra el caso en que la magistrada del Tribunal Electoral estatal, Claudia Carrillo Gasca, denunció a varios actores del consejo general del Instituto Electoral de Quintana Roo y al propio órgano jurisdiccional por incurrir presuntamente en violencia política en su contra, en agosto de 2016.

 

El seguimiento del caso se sigue mediante la promoción de un expediente que fue devuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al INE, para su análisis y pronunciamiento en un plazo máximo de dos semanas.