Detectan quebranto patrimonial en Tulum

39

Involucrados al menos cinco funcionarios de la pasada administración.

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Con facturas aparentemente falsas, las anteriores autoridades municipales de Tulum intentaron encubrir el presunto quebranto patrimonial que detectó la Auditoría Superior del Estado en la cuenta de 2017.

El arqueo que realizó el órgano de fiscalización estableció que el presunto daño a las finanzas del Ayuntamiento local asciende a 144 millones 309 mil 871 pesos.

Como parte del procedimiento para atender las observaciones, la Contraloría Municipal de Tulum citó al ex oficial mayor, Omar Ismael Zubieta; al ex tesorero, Santiago Pech, y a los ex directores, de recursos materiales, Orlando Ávila; de egresos, Tania Nerubia Valladares, y de ingresos, Bernabé Antonio Miranda.

El llamado únicamente fue atendido por los titulares de egresos e ingresos de la pasada gestión, en cuyas áreas se detectó una comprobación pendiente de 136 millones 786 mil 865 pesos y 7 millones 523 mil pesos, respectivamente.

El contralor municipal, Víctor Manuel Velázquez Buenfil, informó que los ex funcionarios cuentan con un plazo que vence el 11 de abril para que solventen o comprueben los recursos, cuya documentación se enviará a la Auditoria Superior del estado.

La Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo establece en el artículo 4 que la revisión tiene un carácter externo, independiente y autónomo de cualquier otra forma de control interno, el cual será ejercido conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Como parte del procedimiento, la legislación faculta a la Auditoria Superior a tener acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y documentación justificativa  y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los objetivos de los programas públicos.

El ordenamiento señala que cuando se determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos en la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, se procederá de acuerdo a los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

No obstante, también cita que podrá establecer denuncias de hechos ante la posible comisión de hechos delictivos, las cuales hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada.