Alistan una nueva audiencia a Borge

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La audiencia se llevará a cabo el 17 de abril con el fin de determinar si el ex mandatario incurrió en falsificación de firmas durante su procesos de extradición de Panamá a México.

 

 POR: HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por enésima ocasión en menos de seis meses, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) intentará que el ex gobernador Roberto Borge Ángulo sea juzgado en Quintana Roo.

 

El 17 de abril próximo se desarrollará la audiencia constitucional encaminada a demostrar que el ex mandatario incurrió en falsificación de firmas para evitar su extradición desde Panamá hacia México.

 

Al respecto, la fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Arzapalo Villanueva dijo que en la audiencia se demostrará que hubo irregularidades en la promoción del juicio de amparo 748/2018.

 

La audiencia del 17 de abril debió realizarse en diciembre pasado, pero fue reprogramada para el 18 enero y posteriormente para el 1 de febrero. Días más tarde, el 8 de febrero Borge Angulo se declaró preso político y una “víctima del sistema”, por lo que pidió apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin mayor resultado.

 

Durante la audiencia, a desarrollarse en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos, se pretende demostrar mediante peritos especializados en grafología, que Borge Angulo falsificó firmas para detener su traslado a México. De comprobarse el delito, quedaría sujeto a la acción penal.

 

“Pretendemos que el ex gobernador regrese a Chetumal para ser juzgado por los delitos cometidos en agravio del patrimonio de Quintana Roo”, afirmó Villanueva Arzápalo.

 

El ex mandatario es imputado por la Fiscalía General de la República (FGE) por Operaciones de recursos de procedencia ilícita.

 

En Quintana Roo se le acusa por Aprovechamiento ilícito del poder, Desempeño irregular de la función pública y Peculado.

 

Borge Angulo fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto de Tucumen, Panamá, cuando pretendía viajar a Europa. Fue extraditado al país, el 4 de enero de 2018 a petición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), imputado por la enajenación de cerca de nueve mil 500 hectáreas de terreno patrimonial de Quintana Roo, cuyas dimensiones equivalen a seis veces la zona hotelera de Cancún y 24 la de Isla Mujeres.

 

De esa cantidad, el siete por ciento era reserva territorial de Bacalar, 10% pertenecía a Felipe Carrillo Puerto, 20% a Tulum, 23% a Cozumel, 36% a Benito Juárez, 52% a Solidaridad y 60% a Puerto Morelos.