Explota crimen minita de oro

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Por: Jesús Guerrero / Agencia Reforma
CHILPANCINGO, Guerrero 13-Apr-2019 .-Grupos criminales mantienen en zozobra a la zona minera del “Cinturón de Oro”, que incluye los Municipios de Eduardo Neri, Tepecuacuilco, Cocula, Huitzuco, Copalillo, Heliodoro Castillo y Atenango del Río, en Guerrero.

Estas bandas están cobrando cuotas tanto a las compañías mineras como a los trabajadores de las minas y a los proveedores, de acuerdo con reportes de organizaciones no gubernamentales que han hecho trabajo social en esa región.
A una década del inicio de la extracción de minerales en el “Cinturón del Oro”, las dos más grandes explotaciones han generado empleos y aportado recursos para obra pública y proyectos de infraestructura carretera, pero, a la par, han surgido grupos criminales que azotan a empresas y pobladores.

En enero de 2017, la compañía canadiense GoldCorp vendió su mina Los Filos a la empresa también canadiense Leogold Mining Corporation en 350 millones de dólares.
Según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y pobladores, la venta fue debido a los conflictos sociales y a la violencia que prevalece en las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala.

Fue una transacción en la que se pagaron 279 millones de dólares en efectivo y 71 millones de dólares en acciones.

De 2007 a 2017, Goldcorp obtuvo 350 millones de dólares de ganancias por la extracción de oro y plata en mil 200 hectáreas de tierras que les rentó a 500 comuneros de Carrizalillo, en el Municipio de Eduardo Neri.

En 2007, la GoldCorp, luego de dos años de realizar trabajos de exploración, inició la extracción de los minerales. A los ejidatarios les pagaba una pequeña cantidad anualmente de la renta por hectárea, pero, en ese mismo año, les aumentó a 56 mil pesos el pago tras las protestas de la gente que cerró durante dos meses la mina.
Además, los ejidatarios y autoridades lograron la construcción de obras sociales en su comunidad.

Los pobladores dejaron de sembrar sus parcelas de maíz y de producir el mezcal en sus fábricas ya que sus tierras fueron dañadas por la maquinaria y la construcción del patio de lixiviados sin estar enterados de las consecuencias ambientales y de salud que esto les iba a provocar.

En 2011 empezó la violencia en esa zona con la llegada del cártel de Los Rojos que le empezó a cobrar el derecho de piso a GoldCorp.
A los 2 mil 600 trabajadores de la mina los obligaba a pagar entre 12 mil y 15 mil pesos anuales, señala la Red de Afectados por la Minería.
Según los reportes, el cobro anual a la mina era de entre 5 y 7 millones de pesos al año.
Otras minas instaladas en Tierra Caliente y en Cocula, en la región norte del estado, también pagan derecho de piso a otras organizaciones de la delincuencia, señala la REMA.
En Carrizalillo, Mezcala, Xochipala, el transporte público, las tiendas de abarrotes y empresarios que prestan algún servicio a la mina, entregan una cuota económica a los cárteles de la droga.

Según informes de los lugareños, la situación de extorsión de los dos grupos delictivos contra la minera, negocios, transporte y trabajadores no ha variado en los últimos años.
La disputa por el territorio entre las organizaciones criminales de Los Rojos y el Cártel de la Sierra arrojó un saldo de al menos 58 personas asesinadas entre 2011 y 2018.
Durante 2015, habitantes de estas comunidades realizaron una búsqueda de sus familiares desaparecidos por algunos cerros logrando hallar varias fosas clandestinas con restos humanos.

La empresa de capital canadiense Leogold Mining Corporation señala, en un informe, que tiene derecho de explotar una superficie a cielo abierto de 4 mil 246 hectáreas en Los Filos y El Bermejal.

Su objetivo, hasta 2024, es explotar a tajo abierto 889 mil onzas de oro y 8 mil 322 onzas de plata.

A excepción de un conflicto que tuvo con los ejidatarios en 2018 y que duró solo dos semanas, la minera no ha tenido problemas para seguir con su actividad de extracción de minerales.

Las organizaciones criminales han marcado sus territorios en esa zona que también conecta con comunidades de la Sierra de los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, demarcaciones de alta incidencia en la siembra de la amapola y marihuana.

 

‘Trabajan normalmente’
El director de Promoción Industrial y Minera del Gobierno de Guerrero, Omar Elías Azar, asegura que en estos momentos cuatro minas están trabajando de manera normal.
Una es la de Carrizalillo, otra en Mezcala, del Municipio de Eduardo Neri, y la Media Luna, asentada en comunidades de Cocula.

Además de Campo Morado, en el Municipio de Arcelia. En 2017, la empresa que tenía la mina la cerró por presiones de la delincuencia organizada.
Sin embargo, en ese mismo año, la mina reinició sus actividades luego de que el consorcio canadiense Telson Resources la vendió.
“En algunos lugares donde están asentadas minas se han registrado algunos hechos de violencia, pero hasta este momento todo está en calma”, dice el funcionario.

 

Afectaciones ambientales
La Asociación Civil de Procesos Integrales para la Autogestión (Piapac), de la cual forma parte Miguel Ángel Mijangos, señala que los trabajos de la mina generan desechos de metales pesados tóxicos que en contacto con el aire y el sol se quedan en el ambiente hasta por 500 años.

La organización ambientalista Source International realizó un estudio en 2012 para medir los niveles de metales en el polvo y el agua en Carrizalillo.
En las muestras que se levantaron en varios lugares, uno de ellos en un jardín de niños, se detectó que el hierro superó seis veces más el límite permisible y el aluminio hasta cuatro veces .

El límite permisible para esos metales es de 0.5 microgramos.
Según Source International, en un censo de salud llevado a cabo por parte de un equipo de promotores sociales de la comunidad, que se realizó entre mayo y junio de 2012, se evidenció una percepción de daños a la salud muy altas en Carrizalillo.
Este censo arrojó que hubo 25 partos prematuros en mujeres de 16 a 40 años, de los cuales el 60 por ciento ocurrieron entre mayo y junio de 2012.
También 66 por ciento de las familias dijeron que por lo menos uno de sus integrantes tuvo enfermedades de la piel en el último año y 38 por ciento de la población dijo que había sufrido daños en la piel.
Además, 45 por ciento declaró tener problemas en los ojos; 44.8 por ciento en la garganta; 57 por ciento, problemas respiratorios, y 32.4 por ciento declaró tener cansancio y problemas en los huesos.
Esta organización que coordina el investigador naturista Flaviano Bianchini señala que todos los problemas de salud percibidos por la población podrían ser relacionados, de alguna manera, con la contaminación ambiental que puede provocar una mina.
En particular la situación de salud puede ser vinculada con la contaminación del aire y, sobre todo, del agua, ya que ésta puede pasar a los alimentos y de ahí llegar a los seres humanos, concentrándose cada vez más a través del proceso de bioacumulación y biomagnificación.

El estudio, dice la organización, se concentró en la calidad del agua y en los sedimentos fluviales alrededor del complejo minero.

 

Los efectos de Media Luna
Desde 2007 cuando el consorcio canadiense Torex Gold, a través de su subsidiaria Media Luna, inició los trabajos de exploración para encontrar una veta de oro en comunidades del Alto Balsas, en el Municipio de Cocula, hubo oposición de los habitantes.
Sin embargo, los ejidatarios de las comunidades de Los Guajes y el Limón fueron convencidos para rentar a la empresa 630 hectáreas de tierras en forma inicial y, en 2016, fue inaugurada la planta de procesamiento.

El proyecto de la Torex Gold, ya se extendió a otras comunidades de La Fundición, Nuevo Balsas y Atzcala y, según los empresarios de la mina, en un lapso de 10 años se van a invertir 800 millones de dólares proyectándose extraer 358 mil onzas de oro al año.
Un ejidatario de la comunidad de La Fundición señala que la gente está arrepentida de haber rentado sus tierras a la minera porque sólo les ha traído problemas de conflicto y división entre los mismos habitantes.

Cuenta que los ejidatarios que rentaron sus tierras fueron reubicados en una zona donde les construyeron casas que parecen “ratoneras”.
“Antes la gente tenía sus casas, aunque sea de bajareque, grandes, con un patio enorme y sus parcelas para sembrar”, dice.

Menciona además de que hoy la gente de Nuevo Balsas, que tenía como fuente principal de ingresos la pesca en el río Balsas, ya no puede hacerlo porque no hay peces.
“No sabemos a ciencia cierta de que la escasez de los peces en el río se deba a la contaminación provocada por la mina y desde hace tiempo estamos pidiendo a investigadores de la Universidad Autónoma de México que vengan a realizar los estudios.
“Obvio, nosotros no le creemos al Gobierno ni a la empresa minera”, agrega el ejidatario.
Sobre estas denuncias de afectaciones al medio ambiente, las autoridades estatales y la minera aseguran que no hay tal daño.

A raíz de que se asentó la empresa en esta zona considerada por los expertos en minerales, junto con Carrizalillo y Mezcala como “El Cinturón de Oro”, se han registrado una serie de hechos de violencia.
Durante 2017 se gestó un movimiento opositor contra la empresa para exigir el cambio de titularidad del contrato colectivo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Alentados por el entonces líder minero en el exilio en Canadá, el actual senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, los trabajadores cerraron la mina.
El 20 de noviembre de 2017, dos de los paristas, los hermanos Víctor y Marcelino Sahuinitla Peña, fueron masacrados por un grupo armado en Atzcala.
Al dirigente del movimiento, Quintil Salgado Salgado, también lo mataron a tiros el 24 de enero de 2018 en Nuevo Balsas.
Los crímenes de los tres trabajadores de la mina no han sido aclarados por la Fiscalía de Guerrero.

Tras la muerte de estos tres trabajadores, la mina no ha tenido problemas para seguir con sus actividades y sus relaciones con las instituciones del Gobierno local se han fortalecido.
Incluso el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, ha establecido una relación institucional celebrando convenios con Media Luna.
Además, la UAG recién creó una escuela de Minería.
En la zona donde está asentada la mina sigue en activo una Policía comunitaria integrada por varias decenas de hombres armados y que, según los lugareños, no son de la región.
“Es una Policía comunitaria que es financiada por la mina, según para que nos cuide, pero más bien creo que para apaciguar a la gente que está inconforme”, dice un ejidatario que por razones de seguridad no quiso dar su nombre.

 

Rechaza Huiziltepec minera
Aquí, desde 2015 los habitantes se mantienen en alerta para impedir que la minera Minaurum Gold se instale.
“El otro día vino un señor de Mezcala y nos dijo que allá en su pueblo la gente ya no puede vivir en paz por la inseguridad que les trajo las minas”, dice el ex comisario municipal de esta comunidad, José Sánchez Núñez.
A pesar de que una asamblea de 900 comuneros aprobó no permitir la entrada de la compañía, empresarios insisten en hacer trabajos de exploración.
El acuerdo de la asamblea del 20 de septiembre de 2015 fue contundente: no se autoriza que realice excavaciones, trabajos o estudios, ya que esta minera va a traer muchos problemas que perjudicarían a la comunidad, por ejemplo, mucha delincuencia.
Durante los primeros meses de 2015, la empresa Minaurum Gold presumía que ya había recibido la autorización de las autoridades de esta comunidad para llevar a cabo los trabajos de exploración.
La minera había obtenido el permiso del presidente de bienes comunales luego de que les prometió la entrega de 100 mil pesos y otros 100 mil pesos después, además de obras en el pueblo.

Esta negociación, entre la autoridad y un enviado de la mina, se realizó en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado en el Palacio de Gobierno de Guerrero.
La minera tiene una concesión para realizar trabajos de exploración y explotación para encontrar oro en 8 mil 831 hectáreas en esta zona, pero no sólo abarcaría terrenos ejidales de esta comunidad sino de otros 30 de los municipios de Tepecuacuilco, Huitzuco y Mártir de Cuilapan.
Todos estos pueblos de lenguas indígenas están en pie de lucha.
Saúl Sánchez Núñez, ex comisario de Huiziltepec, relata que en febrero de 2015, cuando él apenas había asumido el cargo, lo llamó el entonces comisariado de bienes comunales, Francisco García Carlos, para que acudiera a una reunión en donde estaría el representante de una compañía.
Él llegó y ahí le dijeron que tenía que firmar un papel para que la empresa realizara trabajos para buscar agua. Sánchez, firmó el documento sin leerlo.
Pero en septiembre de ese mismo año, la gente alarmada acudió a ver a su comisario porque habían visto que en las faldas del cerro Huiziltepec, en el que hacen ceremonia de petición de lluvias, había maquinaria y muchas personas trabajando.
Acudió al lugar y uno de los que estaban en el lugar le enseñó un documento. Sánchez reconoció que era el que meses antes había firmado junto con el presidente de Bienes Comunales y demás integrantes de este órgano de autoridades.
Leyó que en el documento se autorizaba los trabajos de exploración.
Señala que eso generó protestas de la gente y de inmediato se convocó a una asamblea para el 20 de septiembre.
Semanas después el comisario de bienes comunales Francisco García, quien a título personal negoció con un representante de la minera y autoridades del Gobierno de Héctor Astudillo, renunció al cargo.

‘Aquí nadie está de acuerdo’
Una señora de Huiziltepec dice que nadie en el pueblo está de acuerdo en que se instale una mina porque creen que si lo permiten habrá muchos muertos como ha ocurrido en otros lugares.
La mujer, quien es esposa del presidente del comité de bienes comunales, señala que aquí la gente es muy pobre ya que solamente siembra maíz, frijol, calabaza y chile para autoconsumo.
Si se ven muchas casas construidas de material es porque algún familiar se encuentra en Estados Unidos trabajando y enviando remesas.
Huiziltepec, que tiene una población de poco más de 4 mil habitantes, sufre por la escasez de agua. Hace más de una década que un sistema de abastecimiento fue construido por el ayuntamiento de Eduardo Neri, pero nunca funcionó.
Lo mismo ocurrió con el drenaje que tampoco funciona y las aguas negras escurren en el piso.
“Aquí seremos muy pobres, pero tenemos dignidad”, dice la mujer indígena.