Cobran funcionarios de más en F.C Puerto

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Detectan irregularidades en la Cuenta Pública 2017, cuando Paoly Perera gobernaba Felipe Carrillo Puerto.

 

 

 

 

Por: FELIPE VILLA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- Hasta 43 funcionarios cobraron en categorías que no les correspondían, se celebraron contratos sin procurar las mejores condiciones para el municipio, y se omitió identificar como “operadas” las cuentas de recursos recibidos por la Federación. Todo ocurrió en el municipio Felipe Carrillo Puerto en 2017.

 

En la ejecución de los recursos entregados por la Federación, la anterior presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, encabezada entonces por la priista Paoly Perera Maldonado, no cumplió las normatividades federal y estatal.

 

De acuerdo con la más reciente entrega del Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, “el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo”.

 

Ante las irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que resulten responsables.

 

En 2017 el gobierno federal entregó directamente al gobierno de Felipe Carrillo Puerto, por concepto de Participaciones Federales a Municipios, un total de 177 millones 515 mil 200 pesos.

 

De ellos, destinó 143 millones 254 mil 700 pesos al pago de servicios personales (capítulo 1,000), es decir, a los sueldos, salarios y prestaciones de los funcionarios y trabajadores del municipio. Además, 18 millones 461 mil 700 pesos erogó en materiales y suministros (capítulo 2,000); 14 millones 897 mil 200 pesos en servicios generales (capítulo 3,000); 900 mil pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4,000); y un millón 600 mil pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles (capítulo 5,000).

 

La ASF detectó que durante todo el año se les pagó a 43 empleados “que ostentaron categorías no autorizadas en la plantilla emitida por la Dirección de Recursos Humanos del municipio”.

 

Por ello, exhorta al órgano interno de control de la alcaldía a realizar “las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos a 43 empleados que ostentaron categorías no autorizadas”.

 

Asimismo, realizó adquisiciones y celebró contratos sin que se procuraran las “mejores condiciones para el municipio”.

 

También documentó que en la gestión los funcionarios “no cancelaron con el sello ‘Operado’ la documentación original, justificativa y comprobatoria de los gastos realizados con recursos de las Participaciones a Municipios del ejercicios de las Participaciones Federales a Municipios del ejercicio fiscal 2017”. Esta omisión pudo haber derivado en mal uso de los recursos públicos.

 

Por cada una de las tres irregularidades detectadas, la ASF emitió promociones de sanciones administrativas sancionatorias. Una vez cerrada la auditoría y concluido el periodo para aclaraciones en marzo de 2019, el curso de las investigaciones debe recaer en el órgano interno de control del municipio.