Ordenan sancionar desacato de Mara

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El Poder Judicial Federal pide sanciones para autoridades de Benito Juárez.

 

 

POR: MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El juez Cuarto de Distrito ordenó al Poder Judicial del estado imponer sanciones económicas al Ayuntamiento de Benito Juárez y notificar a la alcaldesa Mara Lezama Espinosa por la desobediencia a la Ley en que incurre su tesorero municipal, Marcelo José Guzmán.

 

Esto, derivado del incumplimiento de una sentencia judicial que debió atenderse en 10 días hábiles, pero que a la fecha acumula seis meses sin respuesta.

 

El funcionario se niega a cumplir con el mandato judicial que ordena el pago de liquidación al ex policía de tránsito municipal Juan Gabriel Villamil Mingo, víctima de una red de corrupción interna que bajo falsas identidades cobró varios pagos de liquidación de ex trabajadores.

 

Si bien la ilegalidad fue armada por funcionarios del anterior gobierno municipal del verdecologista Remberto Estrada Barba, lo pagos se realizaron durante la administración de la morenista Mara Lezama.

 

Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, juez Cuarto de Distrito con sede en Cancún, determinó que las autoridades del municipio de Benito Juárez actúan en “contumacia” para evitar el acato a la sentencia, sin que tampoco el Tribunal Superior de Justicia Administrativa estatal haya hecho efectivas medidas de apremio para velar su cumplimiento, en agravio de Villamil Mingo.

 

De persistir la conducta en rebeldía de las autoridades municipales se deberá iniciar, a petición del afectado, el proceso de destitución de Marcelo José Guzmán, que establece la Constitución mexicana contra aquellos funcionarios que desacatan una orden judicial.

 

La víctima fue estafada con el cheque de su liquidación laboral por más de 400 mil pesos, pues cuando lo trató de cobrar alguien más ya lo había hecho en su nombre, como lo denunció públicamente a este medio a principios de año.

 

Por estos ilícitos el afectado interpuso denuncia penal por robo de identidad, fraude, falsificación de documentos y lo que resulte, en la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del estado, con número FGE/QR/CAN/UAT/02/1442/2019.

 

Pero desde que obtuvo la sentencia judicial a su favor, las autoridades municipales se han negado a cumplir lo que ordena el fallo del juicio contencioso administrativo número S.C.A./A/197/2016, del 28 de abril de 2018, que es el pago de sus percepciones laborales, ante lo cual tampoco la Sala Administrativa ha hecho algo por evitarlo, de ahí que Villamil Mingo invocó la protección de la justicia federal.

 

Al obtener el amparo definitivo, el Poder Judicial de la Federación advirtió que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia Administrativa estatal incurrió en “omisiones” para garantizar una justicia pronta, completa e imparcial, pese a que falló a favor del afectado.

 

“Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en los que en esencia argumenta que la omisión de la Sala Constitucional responsable de hacer cumplir la ejecutoria de 28 de abril de 2018, dictada en autos del juicio contencioso administrativo S.C.A./A/197/2016, viola en su perjuicio el derecho fundamental a una justicia pronta, completa e imparcial a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, resolvió el juez federal.

 

Y agregó: “que ello es así, porque las autoridades demandadas (Ayuntamiento de Benito Juárez) no han cumplido con la ejecutoria administrativa para el Estado de Quintana Roo, aplicable en este asunto, el cumplimiento debe acatarse en el término de diez días hábiles, y las (autoridades) demandadas a la fecha en que se presentó la demanda de amparo llevan más de seis meses sin cumplirla”.

 

Señala que la sala responsable deberá realizar las gestiones necesarias para que sea real la condena a favor del quejoso, toda vez que las sentencias dictadas son de orden e interés público y una garantía fundamental de los vencedores, cuyo cumplimiento es ineludible según el artículo 17 de la Constitución General de la República.