Prepara Yucatán controversia

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El Punto Put marca la coordenada geográfica en que confluye la frontera de los tres estados peninsulares, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

 

 

POR: HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso de Yucatán estaría preparando una Controversia Constitucional en contra de Quintana Roo por el Decreto de Límites aprobado recientemente por la XV Legislatura de este estado.

 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) todavía no ha sido notificado en torno a dicha acción, reconoció su presidente, Antonio León Ruiz.

 

El 22 de marzo pasado, el Poder Legislativo de Quintana Roo emitió un Decreto de Límites con Yucatán, que incluye parte de los municipios de Peto, Tekax y Tuzcacab, de la entidad vecina. A partir de esa fecha, Yucatán tiene un plazo de 60 días para inconformarse mediante una Controversia Constitucional.

 

El conflicto por los límites territoriales entre los estados de la península viene de tiempo atrás y se han vuelto recurrentes, pese a que en 1975, durante la gestión en Yucatán de Carlos Loret de Mola, se había establecido la ubicación exacta del Punto Put, sitio geográfico que define el punto de confluencia entre los tres estados peninsulares, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

 

Ahora, la disputa legal por el territorio volverá a escena. Al respecto, el magistrado presidente del TSJE indicó no haber recibido ninguna notificación en torno a alguna acción legal por parte del Congreso y gobierno yucatecos.

 

“Estaremos a la espera de lo que pueda promover el estado de Yucatán para definir lo que haremos… En tanto mantendremos la relación institucional de siempre”, expuso León Ruiz.

 

Señaló que toda acción del Congreso del Estado va debidamente fundamentada, pero si el Poder Legislativo de Yucatán se siente afectado, podrá promover los recursos legales que considere pertinentes.

 

Recordó que para el caso de la Controversia Constitucional impulsada por Quintana Roo en 1997, tras la creación del municipio de Calakmul por parte de Campeche, la entidad tuvo la razón, como determinó el ministro Juan Díaz Romero, pero su ponencia nunca pasó al Pleno del Congreso federal.

 

Dicho conflicto sigue vigente y a la espera de resolución. Mientras tanto, las poblaciones que se encuentran en la franja territorial en disputa continúan en una especie de limbo legal, ya que algunos servicios y trámites deben realizarse en Chetumal o Campeche, sin que ninguno asuma responsabilidad plena.

 

No obstante, en Quintana Roo el gobierno de Carlos Joaquín ha dado atención a algunas comunidades que han carecido de servicios básicos como agua potable precisamente por la indefinición jurisdiccional que deriva de esta situación.