Las autoridades en Benito Juárez argumentan que dieron cumplimiento al laudo judicial con la entrega de un cheque por la cantidad de 414 mil 340.90 pesos el año pasado.
POR: MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Judicial del Estado emplazó al tesorero municipal de Benito Juárez, Marcelo José Guzmán, para que le entregue el recibo original del supuesto pago de liquidación laboral del ex policía de tránsito Juan Gabriel Villamil, víctima de suplantación de identidad en cajas del Ayuntamiento. De negarse, le advirtió, agentes de la policía lo harán comparecer ante la Sala Constitucional.
El magistrado Juan García Escamilla reiteró al funcionario municipal que de incurrir en desobediencia judicial se hará acreedor también a una multa económica de hasta ocho mil 64 pesos.
La resolución judicial obedece a que hace unos días el gobierno que encabeza Mara Lezama pretendió “marear” al Tribunal Superior de Justicia del Estado, al asegurarle que había cumplido con una sentencia laboral definitiva, mediante la supuesta entrega de un cheque. Sin embargo, omitió mencionar que lo entregó a quien incurrió en el delito de robo de identidad.
En su defensa, las autoridades en Benito Juárez han reiterado que dieron cumplimiento al laudo judicial con la entrega del cheque número 0003729, por la cantidad de 414 mil 340.90 pesos, el 4 de julio de 2018, según el oficio número DGAJ/UCAYF/139/2019, del 19 de marzo pasado.
El nuevo requerimiento que envió la Sala Constitucional se debe a que el tesorero municipal canalizó al Poder Judicial un supuesto recibo de cobro que contenía la información del beneficiario pero sin firma y la copia de una credencial de elector con el nombre del afectado pero con el rostro de otra persona. Con esas pruebas trató que el caso se diera por concluido y se cancelaran las multas económicas por incurrir en desacato.
El caso de robo de identidad para cobrar cheques municipales fue publicado por Luces del Siglo el 19 de febrero pasado. Desde entonces, el ex agente municipal ha insistido que nunca recibió el cheque que judicialmente reclama, y para demostrar la falsedad de firma (que el tesorero municipal se niega a reconocer) solicitó una prueba pericial en grafoscopia, además que propuso un cuestionario para que lo contesten las autoridades en Benito Juárez.
En el acuerdo judicial más reciente del expediente S.C.A./A/197/2016, la Sala Constitucional designó a un especialista para comparar las firmas, y otorgó tres días hábiles al tesorero municipal para hacer lo propio, además para que añada preguntas a las que formuló la víctima.
“Queda apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo antes ordenado se le tendrá por conforme con el dictamen que en su caso rinda el perito de la parte actora…”, se advierte en el proceso de falsedad de firma.
El impartidor de justicia requirió también a las autoridades municipales para que, en el mismo plazo, “remita a esta Sala el original del documento dubitado (debitado, es decir, cargar una cantidad de dinero en el ‘debe’ de una cuenta corriente), consistente en la póliza del cheque número 0003729, expedido por el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, que servirá para el desahogo de la prueba pericial de mérito”.
Ante un nuevo desinterés del tesorero municipal, el órgano jurisdiccional estableció: “Queda apercibida que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de cincuenta a cien Unidades de Medida y Actualización (UMAS) vigente en la República Mexicana, y se requerirá su presencia con auxilio de la fuerza pública, ello de conformidad con lo que establece el último párrafo del numeral 139 de la Ley en la materia”.
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